Con eje en infraestructura, capacitación y mejora tecnológica, el Máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires hizo público el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023, con un monto final de $145.605.300.000 que no contempla aumentos salariales.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó y comunicó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2023, estableciendo para la Administración de Justicia la suma de $ 145.605.300.000.
Asimismo, aprobó el proyecto presupuestario del Ministerio Público en la suma de $ 78.351.499.678 y aclaró que dichas previsiones no contienen pauta salarial.
Sobre ese punto, los miembros del Tribunal aclararon que "deberá en su momento ponderarse la estimación del incremento del costo de vida correspondiente al año venidero, así como la consideración de un porcentaje razonable para proveer a la gradual recuperación del atraso en las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial".
También se reclama la mejora en las remuneraciones dada la pronunciada brecha con las remuneraciones de la Justicia nacional y se prevén los recursos para fortalecer los programas y herramientas tecnológicas para la gestión del servicio en materia de comunicación electrónica e interoperabilidad con organizaciones públicas y privadas.
Entre otros puntos, en la decisión se contemplan las partidas para ejecutar el plan de infraestructura edilicia a partir del reinicio y terminación de los complejos judiciales en construcción que se gestionan a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
En igual plano de importancia se detallan las necesidades para las puestas en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales programadas para el próximo año.
También se reclama la mejora en las remuneraciones dada la pronunciada brecha con las remuneraciones de la Justicia nacional y se prevén los recursos para fortalecer los programas y herramientas tecnológicas para la gestión del servicio en materia de comunicación electrónica e interoperabilidad con organizaciones públicas y privadas.
En ese marco, se profundizó en la extensión de la firma digital, digitalización de trámites y archivos, celebración de videoaudiencias y acciones orientadas a la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial en los procesos de trabajo.
En la partida se incluyó también diez mil horas cátedra para cumplir con lo requerido en la ley 15.134 en materia de sensibilización y capacitación en perspectiva de género, en consonancia con lo establecido por la "Ley Micaela" de capacitación obligatoria para todos los poderes del Estado.
Los juicios por jurados también recibieron una mención especial en el proyecto para poder cumplir con "las retribuciones y dietas diarias, costos de transporte y refrigerio de los miembros del jurado".