La Oficina de Violencia Doméstica informó que durante el segundo trimestre del año crecieron un 36% las denuncias de violencia en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se traduce en una denuncia por hora.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su Informe estadístico del segundo trimestre de 2022 y advirtió que las denuncias por violencia familiar se incrementaron un 36% en comparación con el mismo período del año anterior. También aumentaron un 11% las consultas informativas.
Entre abril y junio de este año, la OVD recibió más de una denuncia por hora (2415 denuncias en total), que involucraron a 3154 personas afectadas por hechos de violencia (un caso puede tener más de una persona afectada). En respuesta a esta situación, la Justicia civil dictó 8453 medidas de protección, entre las que se encuentran la entrega de 769 botones antipánico.
En total, 6 de cada 10 afectadas fueron mujeres adultas. Los niños, niñas y adolescentes (NNyA) representaron el 32% de las personas afectadas.
El 75% de las personas denunciadas fueron varones (2614) y el vínculo entre persona denunciada y afectada fue principalmente de pareja (49%).
Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo que corrían las personas afectadas y determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia: psicológica (96%), simbólica (51%), física (49%), ambiental (30%), económica y patrimonial (27%), social (11%) y sexual (11%). El 33% de los casos fueron evaluados como de riesgo altísimo y alto.
Las denuncias recibidas fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,5%), a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (17%), al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (67%) y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (39%). Se derivaron 175 casos al Programa Proteger (GCBA).
El 75% de las personas denunciadas fueron varones (2614) y el vínculo entre persona denunciada y afectada fue principalmente de pareja (49%).
La Justicia civil ordenó la prohibición de acercamiento a la persona denunciante en el 71% de los casos; prohibición de contacto telefónico o por correo (66%); ordenó otorgar dispositivos antipánico en el 32%; el cese de los actos de perturbación e intimidación (28%) y la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes (23%), entre otras medidas.