El 16 de noviembre pasado, el ministro Jaunarena dijo en una conferencia de prensa que “podría darse un escenario de incertidumbre” si la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tras una reunión entre el presidente del máximo Tribunal, Julio Nazareno y el Jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni.
Inmediatamente después, el abogado Ricardo Monner Sans presentó en el fuero federal una denuncia contra Jaunarena, por los presuntos delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “usurpación de la autoridad presidencial”.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 1 de Servini de Cubría, que la desestimó. Sin embargo, los fiscales Freiler y Delgado apelaron por entender que la decisión era “prematura” porque “no se había despejado la incertidumbre” sobre la pertinencia o no de la denuncia.
Así, el tema pasó a la Cámara, donde el fiscal Quantín se opuso al criterio de sus colegas de primera instancia y se pronunció a favor del sobreseimiento de Jaunarena.
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani advirtieron que Quantin “postula un criterio opuesto” al de sus inferiores jerárquicos, quienes propugnaban la profundización de la investigación y la determinación de la verdad real de los hechos”.