En los próximos meses, al cumplirse cumplirse tres años desde que se realizaron las respectivas denuncias, caducarán docenas de expedientes disciplinarios contra jueces. Reclaman al Consejo de la Magistratura que se arbitren las medidas necesarias para seguir los procedimientos regulares.
Por estas horas, el Consejo de la Magistratura se encuentra “paralizado” a raíz de los conflictos por su integración. Mientras tanto, una enorme cantidad de procesos disciplinarios están a un paso de “caducar” al cumplirse tres años desde que se realizaron las respectivas denuncias.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) enviaron una nota a las autoridades del órgano para que se ”arbitren las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares, evitando dilaciones innecesarias así como su finalización por el simple paso del tiempo”.
En los próximos 9 meses (noviembre 2022 - agosto 2023) caducarán un total de 41 expedientes, si previo a ello no se toman medidas investigativas urgentes, según esgrimieron desde la ONG.
De acuerdo a la normativa, la decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado.
“Es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo”, señalaron desde ACIJ y advirtieron que esta situación se repite años tras año.
Asimismo, advirtieron que la inmensa mayoría de los expedientes se encuentra en un “estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos denunciados”. Así, en 34 de los 41 expedientes por caducar no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas.
En sólo un 12% del total, la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos, y en apenas dos causas se ordenó la producción de alguna medida de prueba.
“Es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo”, señalaron desde ACIJ y advirtieron que esta situación se repite años tras año.