El STJ de Corrientes advirtió a las oficinas penales sobre la prohibición de alojar personas privadas de libertad en lugares no habilitados o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad.
A través del Acuerdo N° 33/22, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes solicitó que se informe a las oficinas que tengan competencia penal que está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad.
El objetivo es no empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos, ya que si esto sucede será responsable quien la ordene, autorice, aplique o consienta, tal cual reza el artículo 15° del Código Procesal Penal.
"Por ello quien disponga la detención debe averiguar las condiciones carcelarias en el caso concreto cuando la decisión importe el alojamiento, traslado, prolongación, internación o mantenimiento de una situación de privación de la libertad ambulatoria de una o más personas humanas", sostiene el documento.
Los jueces remarcaron que la medida que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta”, debiendo a tal efecto averiguar las condiciones carcelarias en el caso concreto cuando la decisión importe el alojamiento, traslado, prolongación, internación o mantenimiento de una situación de privación de la libertad ambulatoria de una o más personas humanas.
"Por ello quien disponga la detención debe averiguar las condiciones carcelarias en el caso concreto cuando la decisión importe el alojamiento, traslado, prolongación, internación o mantenimiento de una situación de privación de la libertad ambulatoria de una o más personas humanas", sostiene el documento.
La lucha contra el hacinamiento
Nuevamente, al igual que en 2013 y 2018, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un proyecto de ley para regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos destinados a la privación de la libertad.
El proyecto, según detallaron, “propone atacar un problema estructural y gravísimo de nuestro sistema penal y regular la cuestión de la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas”. Además, tiene por objetivo poner fin a las situaciones de hacinamiento, a la vulneración de los derechos de las personas detenidas y tender a que la pena privativa de libertad se oriente a la reinserción social.
Se prevén, en este sentido, diversos mecanismos de acreditación previos, con amplia participación de los actores involucrados, mecanismos de alerta y control y la aplicación de un sistema para la prevención o remedio de las violaciones a derechos humanos.
Los últimos datos arrojaron que existían 11.263 personas detenidas en cárceles federales, y 809 en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. La capacidad oficial declarada para esa fecha en el SPF era de 10.936 plazas, lo que implicaría 1133 personas detenidas por sobre lo que el sistema puede alojar según sus propias definiciones de plazas carcelarias, lo que equivale a un 10% de sobrepoblación.
Desde el órgano explicaron que este dato de sobrepoblación es sólo una muestra del fenómeno, teniendo en cuenta que también hay detenidos federales en comisarías de otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.