El bloque de Diputados del Frente de Todos pidió formalmente que la Comisión de Legislación Penal trate de manera urgente el proyecto sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación armas de destruccion masiva.
A través de una carta, el bloque de Diputados del Frente de Todos pidió formalmente que la Comisión de Legislación Penal que avance en la discusión de reforma de la ley de prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
Se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo donde se detalló que la GAFI se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012.
Los cambios en la normativa se verían reflejados, por ejemplo, en el monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal, que asciende a 9 millones de pesos; y se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
En dicha oportunidad, "se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo".
Entre las principales modificaciones que propone el proyecto se busca "reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera".
"La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público", se lee en el documento.
Los cambios en la normativa se verían reflejados, por ejemplo, en el monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal, que asciende a 9 millones de pesos; y se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
Por otra parte, el agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Finalmente, propone la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.