La CorteIDH condenó a Paraguay por no garantizar la imparcialidad del jurado de enjuiciamiento de Magistrados en proceso de remoción contra un fiscal Alejandro Nissen Pessolani, quien se encontraba investigando varios hechos de tráfico de vehículos robados que involucraban a altos funcionarios del sector público.
En el caso “Nissen Pessolani Vs. Paraguay”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Paraguay por la violación a la garantía de una juez imparcial, a la protección judicial, al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a la estabilidad laboral en perjuicio de Alejandro Nissen Pessolani, quien se desempeñaba como Agente Fiscal Penal y se encontraba investigando varios hechos de tráfico de vehículos robados que involucraban a altos funcionarios del sector público.
Alejandro Nissen Pessolani fue designado agente fiscal penal en 1999. No formaba parte de la Unidad Anticorrupción, aunque si investigó actos relacionados con el tráfico ilegal de vehículos robados que involucraban a altos funcionarios del sector público.
En 2022, una persona que estaba siendo investigada por el presunto delito de falsificación de documentos oficiales ante Aduanas para presuntamente blanquear vehículos robados en Brasil y Argentina, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Nissen Pessolani por mal desempeño de funciones.
Nissen Pessolani formuló recusación contra cuatro miembros del jurado, incluyendo su presidente por alegada parcialidad, pero su solicitud fue rechazada. Meses más tarde fue removido de su cargo.
Contra esta sentencia, Nissen Pessolani interpuso recurso de aclaratoria y reposición, el cual fue declarado sin lugar. Asimismo, interpuso una acción de inconstitucionalidad, alegando que se habían violentado durante el enjuiciamiento diversas garantías al debido proceso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó la acción.
En este escenario, la Corte recordó su jurisprudencia sobre la importancia de la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo para las y los fiscales, como un componente de la independencia judicial. Indicó que esta garantía implica, entre otras cosas, que todo proceso de destitución debe resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley.
Asimismo, la sentencia determinó que Nissen Pessolani no tuvo acceso a un recurso eficaz para poder tutelar sus derechos, y que su destitución arbitraria implicó una afectación a su derecho a permanecer en un cargo público en condiciones de igualdad y su derecho a la estabilidad laboral.
Puntualmente, el Tribunal consideró que existían conflictos de interés capaces de afectar la imparcialidad de parte de por lo menos dos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la existencia de presiones políticas en el juzgamiento del Fiscal Nissen Pessolani. De esta forma concluyó que se vulneró el derecho a contar con una autoridad imparcial en perjuicio del señor Alejandro Nissen Pessolani.
Asimismo, la sentencia determinó que Nissen Pessolani no tuvo acceso a un recurso eficaz para poder tutelar sus derechos, y que su destitución arbitraria implicó una afectación a su derecho a permanecer en un cargo público en condiciones de igualdad y su derecho a la estabilidad laboral.