El Poder Judicial de Río Negro publicó los números de la mediación en la provincia y se comprobó que el 2022 fue el año con más acuerdos. El 74,1% de los conflictos finalizaron de manera exitosa. Las temáticas más abordadas fueron la prestación alimentaria y conflictos derivados de la responsabilidad parental.
El Poder Judicial de la provincia de Río Negro publicó un informe que muestra que durante el 2022 las mediaciones superaron sus indicadores anteriores y propiciaron que más de 4.400 conflictos pudieran ser resueltos sin la necesidad de llegar a un juicio ante el fuero de Familia o el Civil y Comercial.
El servicio que brinda la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc) a través de sus 22 Centros Integrales (Cimarc), Delegaciones y Casas de Justicia muestra en las estadísticas un crecimiento sostenido en los últimos años.
En 2019 ingresaron a mediación 11.615 nuevos legajos, se llevaron a cabo 5.622 reuniones entre las partes (lo que se conoce como “sustanciación”) y se alcanzaron 3.837 acuerdos.
En 2022 se superó la cifra histórica de ingresos, con 12.619 nuevos procesos integrados al sistema. Se abordaron 6.591 de esos conflictos y se alcanzaron 4.414 acuerdos. Además de ser el año con mayor cantidad de acuerdos en la historia del servicio, lo más favorable es la recuperación de los índices de resolución positiva, rozando el máximo histórico de 2019: el 67% de las mediaciones sustanciadas finalizaron con acuerdos de las partes.
Ese fue, históricamente, el año con mayor índice de acuerdos: de cada 100 mediaciones sustanciadas se resolvieron favorablemente 68.
El 2020, año marcado por la pandemia, tuvo impacto negativo en la cantidad de legajos ingresados (fueron 8.486), pero los índices se mantuvieron altos en materia de sustanciación (4.207) y de acuerdos (2.655). Debido a que Río Negro fue la primera provincial del país en implementar las mediaciones virtuales, pudo mantener un índice del 63% de conflictos sustanciados que terminaron en acuerdos.
En 2021 ingresaron 12.118 nuevos procesos al sistema de mediación prejudicial obligatoria, se sustanciaron 6.424 y se alcanzaron 3.906 acuerdos. El balance anual reflejó un aumento significativo de los ingresos pero un descenso proporcional de los acuerdos: de cada 100 mediaciones sustanciadas, 61 se resolvieron favorablemente.
En 2022 se superó la cifra histórica de ingresos, con 12.619 nuevos procesos integrados al sistema. Se abordaron 6.591 de esos conflictos y se alcanzaron 4.414 acuerdos. Además de ser el año con mayor cantidad de acuerdos en la historia del servicio, lo más favorable es la recuperación de los índices de resolución positiva, rozando el máximo histórico de 2019: el 67% de las mediaciones sustanciadas finalizaron con acuerdos de las partes.
Familia: 74 acuerdos cada 100 reuniones
Tal como se repite desde años anteriores, la mayoría de los ingresos de legajos a mediación responden a conflictos mediables del fuero de Familia.
En 2022 los tipos de legajo que más se tramitaron fueron de Familia: 9.577 legajos, de los cuales se pudieron sustanciar 5.388. El 74,1 % de los conflictos familiares que se sustanciaron en Mediación finalizaron con acuerdo. Fueron 3.994 situaciones que no necesitaron llegar a juicio para resolverse.
Las temáticas más abordadas fueron por prestación alimentaria y por conflictos derivados del ejercicio de la responsabilidad parental (régimen de comunicación y cuidados personales).
En cuanto a los conflictos del ámbito Civil Patrimonial, los índices de acuerdo se mantienen por debajo de los índices de Familia, tal como sucede históricamente. De 3.042 conflictos patrimoniales presentados a mediación en 2022, se sustanciaron 1203 y se alcanzó acuerdo en el 34,9% de los conflictos sustanciados.
Eso se traduce en que 420 conflictos relacionados con pagos, cobros, indemnizaciones por accidentes, ejecuciones, desalojos y cumplimientos de contratos en general no necesitaron llegar a juicio para resolverse.
Las temáticas patrimoniales más requeridas son por daños y perjuicios (por siniestros viales en su mayoría), las ejecuciones de prendas, hipotecas, alquileres y cobros en general, y luego los incumplimientos o revisiones de contratos en general.