La situación en Santa Fe preocupa cada vez más. Las amenazas contra magistrados y fiscales se volvieron moneda corriente, y el Poder Judicial reclama una solución. Cuáles son las propuestas y qué rol juega la Corte y el Consejo de la Magistratura.
Los gravísimos hechos de violencia en la provincia de Santa Fe encendieron las alarmas tanto en los pasillos de Tribunales como en el propio Consejo de la Magistratura.
Fiscales y jueces –a cargo de causas contra el crimen organizado- son amedrentados constantemente. La situación es tan grave que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, le pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que garantice la seguridad de los funcionarios. En principio, el Gobierno nacional se comprometió a intensificar las medidas de seguridad para proteger los juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
Pero el tema no quedó ahí. Unos días más tarde, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, se reunió con la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Susana Pernas, y el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), Marcelo Varona, para encontrar una solución.
La cuestión también se coló en el primer plenario del Consejo de la Magistratura. Fue el juez Alberto Lugones quien reclamó al ministro Rosatti tratar un proyecto para la creación de una “Unidad de Seguridad y Resguardo de Jueces y Juezas de la Nación” así como también la aprobación de un “Protocolo de medidas mínimas de seguridad y protección judicial”.
“Constituye una de las principales preocupaciones de las instituciones, en función no solo del aumento sino sobre todo la naturalización de las amenazas”, manifestaron las entidades que, además, decidieron convocar a todas las asociaciones de fiscales existentes para intercambiar ideas, propuestas y realizar una evaluación federal del problema.
La cuestión también se coló en el primer plenario del Consejo de la Magistratura. Fue el juez Alberto Lugones quien reclamó al ministro Rosatti tratar un proyecto para la creación de una “Unidad de Seguridad y Resguardo de Jueces y Juezas de la Nación” así como también la aprobación de un “Protocolo de medidas mínimas de seguridad y protección judicial”.
En sus argumentos, el consejero destacó los graves sucesos de inseguridad sufridos “por los magistrados y las magistradas en el ejercicio de sus funciones", y la imperiosa necesidad de que el órgano "cumpla con su obligación de garantizar la independencia y el buen servicio de justicia, el cual podría encontrarse comprometido ante este tipo de situaciones”.