En diálogo con Diariojudicial.com fuentes del juzgado, recordaron que por el tipo de delito el juez agotará el plazo de 10 días para resolver si procesa o dicta una falta de mérito sobre los imputados.
Los voceros, expresaron que hasta el momento se les tomó declaración sólo a tres, aunque adelantaron que en le trascurso de la jornada podrían prestar declaración el resto de los acusados.
“Estamos haciendo lo humanamente posible para acelerar las indagatorias” apuntaron las fuentes, que afirmaron que en las condiciones en las que esta la justicia “más no pueden hacer”.
Además, se supo en medios tribunalicios que el magistrado está muy ofuscado con un medio de comunicación que ventiló los nombres de algunos imputados sin respetar el secreto de sumario que imperaba en la causa desde ayer a la tarde y que se extenderá hasta mañana por lo menos. En ese sentido, se aseguró que desde el tribunal promoverán las investigaciones del caso para determinar donde se produjo la filtración de la información.
Vidal Durán, según los voceros, se molestó cuando vio en un diario la identidad de dos de los detenidos, reconociendo que se trata de un acto cuando menos imprudente, dado que aún la causa está en trámite y que por eso no se pude adjudicar ni a una persona, ni a una empresa la comisión de un delito.
Además, desde el juzgado informaron que se está tras la pista de una décima persona de la cual se tenía mal el domicilio, al tiempo que descartaron que la misma se encuentre en carácter de prófugo, tal como lo mencionaban algunas versiones de primera hora.
Los hechos que se investigan se dieron cuando una mujer sin capacidad económica compró a una inmobiliaria un inmueble en la Capital Federal en septiembre de 1997 por un valor de 4.700.000 dólares para luego venderlo a un complejo cinematográfico por un valor de 18 millones de dólares.
La denuncia fue presentada en mayo de 2001 por la Unidad Fiscal para la Investigación del Delito Tributario y Contrabando (Ufitco), hoy comandada por el fiscal especial Luciano Gonzalez Valle e impulsada por la fiscal María del Carmen Rogliano -la misma ue investiga al peinador Roberto Giordano-, en razón de que los 18 millones resultaban ser el verdadero valor de la venta, y sobre el cual debía tributar impuestos la empresa compradora. Según las mismas fuentes, se estaría hablando de una evasión de 4.389.000 pesos.