En un escrito de 16 carillas que DiarioJudicial.Com publica íntegro, el titular de la OA, Manuel Garrido, indica que varios ex funcionarios de Vialidad Nacional habrían realizado “negociaciones incompatibles con la función pública" y pidió que se investigue el pago de más de 90 millones de dólares al contratista argentino.
Según la denuncia, ese pago duplica el compromiso inicial con el Estado chileno, firmado en 1999, por el cual la Argentina se comprometía a invertir 45 millones de dólares y Chile 54 millones, para mejorar el paso fronterizo de Jama, en el extremo norte de la frontera argentino-chilena.
Para la Oficina Anticorrupción, este pago importa una “significativa distorsión respecto del gasto inicialmente previsto que no halla por el momento suficiente explicación” y señaló que entre los imputados están el entonces administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Aníbal Rothamel y al gerente de Asuntos Jurídicos Manuel Keumurdji.
La empresa que resultó adjudicataria de las obras del corredor vial fue Benito Roggio e Hijos S.A. a pesar de que los precios que ofertó “fueron mucho más elevados que el presupuesto oficial con el que se contaba”, indicó la OA.
También, en la denuncia se aseguró que Roggio recibió un anticipo financiero de 10 millones de dólares “no previstos en el pliego”, aunque luego no realizó algunas tareas en ciertos tramos de la ruta”.
“Si se analizan las condiciones en las que tanto Chile como Argentina ejecutaron los compromisos asumidos, se ve que nuestro país no resultaría nada favorecido. Chile pagó el monto que había previsto, y la obra a su cargo se halla casi finalizada, mientras que nuestro país no sólo pagó el doble, sino que, además, aún no logró avanzar seriamente con la obra", indicó Garrido.