El Consejo de la Magistratura volverá a tratar la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue a médicos y funcionarios que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación se reunirá este miércoles para tratar las denuncias contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue a médicos y funcionarios de la defensa pública que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual.
Presidida por Miguel Piedecasas, la comisión deberá analizar la denuncia caratulada ”Deza Soledad (Pta.Fund. Mujeres x Mujeres) c/ Dres. Anzoategui J. y Rizzi Luis (desg.138/20)”, que se inició porque ambos como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal condenaron a un hombre por el homicidio y abuso.
A casi tres años de la presentación, en la última reunión el cuerpo devolvió el expediente a la Comisión de Disciplina. Ahora, los jueces podrán ser sancionados con una advertencia, un apercibimiento o una multa de hasta el 30% de sus haberes, pero no enfrentar un juicio político.
Al fundamentar su voto, el juez Anzoátegui consideró que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal” en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo.
Anzoátegui se refirió al aborto legal como un “asesinato” y calificó a los profesionales que intervinieron como “sicarios”, también llamó "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Rizzi adhirió íntegramente al voto de su colega.
A casi tres años de la presentación, en la última reunión el cuerpo devolvió el expediente a la Comisión de Disciplina. Ahora, los jueces podrán ser sancionados con una advertencia, un apercibimiento o una multa de hasta el 30% de sus haberes, pero no enfrentar un juicio político.
En septiembre del año pasado, en esta misma comisión, la consejera y diputada Vanesa Siley fue la encargada de leer el dictamen. “Emitieron expresiones misóginas y contrarias al sistema normativo”, señaló y explicó que se les atribuye “desconocimiento inexcusable del derecho”, “por arrogarse competencia que no son propias de la magistratura y priorizar juicios de valor, morales y religiosas en una sentencia judicial por sobre la normativa aplicable a la materia”.
También se les atribuyó la "violación y desconocimiento" sobre las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención De Belém Do Pará y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Fernanda Vázquez, representante del sector académico y decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, consideró que se trata de un tema que “no admite dilaciones” y reclamó actuar para “dar un mensaje claro a la comunidad”.
A su vez, la consejera Pamela Tolosa afirmó que son “hechos gravísimos” y sostuvo que “se violaron normas de orden público”, ya que el caso encuadra en la causal de aborto no punible, que data en el Código Penal desde 1921
La decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur también aseveró que los magistrados actuaron con desconocimiento absoluto de las normas en relación a la protección de la niñez. “Es una vergüenza que tengamos jueces que tengan un desconocimiento palmario del derecho y, además, demuestren abuso de autoridad”, concluyó y pidió avanzar de forma “seria y con celeridad”.