Así se confirmó en el inicio de la audiencia de hoy en el juicio oral, cuando el secretario del Tribunal, Eduardo Chittaro, leyó una resolución firmada por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, en la que se le pide al poder ejecutivo que disponga la “desclasificación” del sumario.
En enero último, se publicó en el boletín oficial un decreto firmado por Eduardo Duhalde, en el que se ratificaba la clasificación de “estrictamente Secreto y Confidencial”, el sumario realizado en el año 2000 por una resolución interna del organismo, impulsada por el “señor 5” de la Alianza, Carlos Becerra.
Fuentes del TOF 3 explicaron que el secreto sobre el sumario “va en contra de la publicidad de las actuaciones en un juicio oral”. Los jueces conocen el contenido del sumario, pero no pueden ponerlo a disposición de las partes, que sin excepción pidieron conocerlo.
Se sabe que el sumario hasta ahora en secreto evaluó las irregularidades cometidas por agentes de inteligencia cuando se investigó la voladura de la mutual judía durante la gestión de Hugo Anzorreguy y dio como resultado la sanción de tres agentes de alto rango: Alejandro Brousson, perteneciente al área de contrainteligencia, Patricio Pfeining de la “Sala Patria” y Jorge Lucas Casado, quien ya no revista en la Secretaría.
Con esta medida, es la segunda vez que el Tribunal va contra un decreto firmado por Eduardo Duhalde. En febrero último, ya había anulado otro decreto, el 41/2003, que limitaba el número de agentes de la SIDE habilitados para declarar en el juicio. Esa resolución fue apelada por el organismo de Inteligencia, y está en estudio en la Cámara de Casación.
Otro informe en danza
Además, en la misma resolución conocida hoy los jueces reclamaron a la SIDE que remita una copia desclasificada del llamado “informe final” del organismo sobre el caso AMIA, donde se asigna responsabilidad a altos funcionarios del gobierno de Irán y se revela la identidad del supuesto conductor suicida del coche bomba que voló la mutual judía el 18 de julio de 1994.
En este sentido, el Tribunal contestó afirmativamente a un pedido del abogado de Juan José Ribelli, José Manuel Ubeira, quien se basó en la información publicada en exclusiva por DiarioJudicial.Com sobre la mención en el informe de los espías a que la camioneta-bomba habría sido “alquilada” por los terroristas.
En la página 72 de un anexo llamado "Atentado" en el informe recientemente desclasificado, se asegura que los cuatro supuestos terroristas que consumaron el ataque “se trasladaron a Argentina, efectuaron observaciones a la sede de la AMIA, alquilaron el vehículo y le instalaron explosivos”.
Esta mención ya fue observada por el juez Juan José Galeano, quien en una resolución reciente advirtió que el declamado "alquiler" de la camioneta-bomba "de ninguna manera se ve corroborado por las pruebas reunidas en la investigación" y le pidió a la SIDE que aclare de dónde proviene la información utilizada para "determinar” tal versión.
Los abogados de la AMIA, por su parte, ya habían advertido ese ruido en el informe de la SIDE, y recordaron que el supuesto alquiler esta en sintonía con una versión que con información de la SIDE publicó el diario Ámbito Financiero el año pasado.
"No podemos desvincular esta temeraria inclusión de la información citada, con aquélla noticia que apareció en el mes de octubre del año pasado, cuando se informó que la SIDE había resuelto el atentado, y donde expresamente se incluía en la información que los policías detenidos y hoy juzgados en juicio oral, nada tenían que ver con el atentado", indicaron los abogados de la AMIA.
Ahora, las dudas también prendieron en el Tribunal Oral, que ha pedido de Ubeira reclamó su propia copia del informe, y aclaró que debe ser enviado “tomando los recaudos” necesarios para proteger la identidad de las fuentes y los agentes que participaron en la pesquisa.