Hace apenas algunas semanas, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó un nuevo aumento salarial -correspondiente al segundo tramo de 2023- y la Corte requirió formalmente el cambio de partidas. Sin embargo, la respuesta de Jefatura de Gabinete sorprendió al sector, ya que Agustín Rossi rechazó el pedido.
Desde el Gobierno expusieron que “la sequía, la situación crítica que atraviesa el Tesoro Nacional en el escenario mundial y contexto macroeconómico imperante”, y así sugirieron utilizar los ahorros acumulados en el "fondo anticíclico" de la Corte, creado en noviembre de 2008 “para garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos”.
La respuesta generó enojo y preocupación en el gremio liderado por Julio Piumato, que llevó adelante primero un banderazo y posteriormente un paro nacional. Ya se anunció un paro de 36 horas para el próximo jueves y viernes.
Para el gremio, la medida busca avasallar la independencia del Poder Judicial y se da en el marco del juicio político contra los cuatro jueces del Máximo Tribunal.
Piumato se reunió en las últimas horas con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encuentro en la que se determinó “ignorar las sugerencias dirigidas por el Jefe de Gabinete” y reiterar el pedido de autorización de cambio de partidas “sin más dilaciones”, según detallaron en un comunicado. Rosatti ya reiteró el pedido y ahora espera la respuesta del jefe de Gabinete.
Para el gremio, la medida busca avasallar la independencia del Poder Judicial y se da en el marco del juicio político contra los cuatro jueces del Máximo Tribunal. “Por lo que nos mantenemos en estado de lucha permanente hasta que nuestro pedido sea respondido favorablemente y se autorice la recomposición salarial acordada por la Corte, 9% a Abril, 9% a Mayo y 9 % a Junio”, dijo el gremio.
Y reiteró: “Redoblamos la lucha y esperamos que se de trámite inmediato al pedido de autorización de partidas para otorgar el segundo tramo de recomposición salarial acordado con la Corte”.
La Asociación de Magistrados también reclama
Mediante un comunicado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó la respuesta dada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del Jefe de Gabinete de Ministros en cuanto a la negativa de modificar las partidas presupuestarias vigentes para recomponer el salario de todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación; decisión que se proyecta inmediatamente por sobre los haberes de quienes integran los Ministerios Públicos y las jurisdicciones provinciales.
Reafirmó que la independencia del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos constituye un principio esencial del sistema republicano lo que comprende la autonomía del Poder Judicial de la Nación y lo resguarda de interferencias de otros poderes del Estado.
Para los jueces, dado el contexto inflacionario “la decisión del Poder Ejecutivo, importa, en los hechos, la reducción de los ingresos de los/las magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as judiciales, exhibiendo, a la par, una situación de tratamiento desigual e inequitativa respecto del sector público nacional”.
La Lista Celeste, agrupación que integra la AMFJN, emitió un comunicado donde asegura que los órganos de administración de justicia no puede recibir condicionamientos de los otros poderes estatales, a la vez que remarca que “el contexto inflacionario en el que nos encontramos inmersos no resulta para nada razonable que la CSJN y el PEN discutan de dónde se obtienen los fondos necesarios para realizar los ajustes salariales, cuando las/los únicas/os perjudicadas/os son las/los magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de la justicia”.
“La respuesta del PEN, vinculada a la modificación de partidas, afecta de manera directa a los salarios y pone en crisis tanto la independencia del PJN como del MPF y del MPD. Como bien sabemos, la independencia hace al respeto de los derechos y las garantías de todas las personas y surge explícitamente de la Constitución Nacional, a través de los arts. 1, 109, 110 y 120 CN”, cuestionó.
La agrupación además dejó sentada su preocupación –actual- “por la respuesta brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y anhelamos –a futuro- que se produzca una verdadera discusión en cuanto a la propia autarquía financiera del PJN y del MP”.
“ No permitamos que el humor político de años electorales afecte a las/os trabajadoras y trabajadores; y, menos aún, que ponga en riesgo la verdadera autonomía funcional de los poderes”,concluye el texto, al que accedió Diario Judicial.