La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió al fuero federal una causa en la que se investigan presuntas agresiones sufridas por la legisladora porteña Ofelia Fernández a través de la red social Twitter.
La causa “N.N. s/ incidente de incompetencia. Denunciante: Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia” se inició con una denuncia de los fiscales Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia (UFECI), y Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuando la legisladora reportó una serie de mensajes violentos recibidos en la red social Twitter
Los fiscales entendieron que los hechos podían subsumirse en la figura que describe el artículo 212 del Código Penal, al considerar que el contenido de esos comentarios incluía insultos y términos atemorizantes relacionados con el rol político de la víctima en materia de defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, y constituía un modo de intentar perseguir y silenciar a quienes luchan contra la violencia machista.
En este escenario, la Corte Suprema remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien sostuvo que no era posible descartar todavía que los mensajes en cuestión no tuvieran entidad suficiente para alentar o incitar a la persecución o al odio contra Fernández por sus ideas políticas.
En julio de 2020, el juzgado federal se declaró incompetente, argumentando que no se daban los elementos de esa figura delictiva y que, al tratarse la damnificada de una legisladora de la Ciudad, no se veían afectados otros intereses nacionales. Sin embargo, el fuero ordinario rechazó la atribución por considerarla prematura y así se trabó la contienda por la competencia.
Tras ordenar librar oficio a las autoridades estadounidenses para obtener la información de la firma Twitter International Company sobre los perfiles de las cuentas involucradas en los mensajes denunciados, elevó el incidente a la Corte.
En este escenario, la Corte Suprema remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien sostuvo que no era posible descartar todavía que los mensajes en cuestión no tuvieran entidad suficiente para alentar o incitar a la persecución o al odio contra Fernández por sus ideas políticas.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo, asimismo, que la información acerca de los perfiles involucrados aún no consta en la causa y es indispensable para resolver la competencia. Ahora, la causa será nuevamente remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, a cargo de la jueza subrogante María Eugenia Capuchetti.