La Cámara de Senadores de Salta aprobó en definitiva el proyecto de ley por el cual se promueve la reforma del Código Procesal Penal de Salta. La nueva normativa busca establecer procedimientos específicos para la investigación de delitos informáticos y aquellos casos en los que se requiera el análisis de evidencia digital. Se considera que en la actualidad, este tipo de prueba es transversal a todos los delitos.
El texto modifica los artículos 309 y 316 e incorporan los artículos 309 bis, 309 ter, 309 quater, 309 quinquies, 309 sexies, y 72 bis al Código Procesal Penal referente a la investigación penal en el ámbito digital. Ahora será turno del Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto fue tratado inicialmente en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción, Luego, la fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo y el juez de Garantías del distrito Centro, Ignacio Colombo, mantuvieron una reunión con la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional de la Cámara de Senadores para analizar el contenido y alcances del mismo. También se mantuvo un encuentro con miembros del Colegio de Magistrados de Salta para que realizaran su aporte.
Los magistrados ponderaron el proyecto por considerar que se trata de una herramienta útil para estar a la vanguardia en el país y en Latinoamérica en la investigación de delitos y solicitaron se tenga en cuenta una serie de aportes que buscan asegurar el resguardo de los datos que surgen como evidencia digital y que hacen a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Según datos oficiales, gran parte del trabajo de investigación de los fiscales se basa en elementos digitales o pruebas que están en soportes informáticos.
Estos últimos también advirtieron en la actualidad la totalidad de los delitos dejan evidencia digital, por lo que la justicia debe contar con herramientas legales para poder investigar dispositivos o espacios de almacenaje de información, siempre de acuerdo a las garantías consagradas en la Constitución y preservando la intimidad de los datos que pueden surgir de un celular o una PC.
También analizaron los alcances de la figura del agente encubierto digital, que recaerá sobre policías especializados en informática o investigadores del CIF, quienes solo podrán actuar por orden judicial en tiempos acotados y cuando la necesidad de producir prueba de un delito de tipo informático sea absolutamente necesario. Según datos oficiales, gran parte del trabajo de investigación de los fiscales se basa en elementos digitales o pruebas que están en soportes informáticos.
La iniciativa surgió de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, creada en 2021 por la Procuración General de la Provincia. La comisión es integrada por la fiscal penal en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo; el entonces Secretario de Justicia de la Provincia, Diego Pérez; José Araoz Fleming como Director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores y representantes de las universidades con el asesoramiento legal y técnico del abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt.