El Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado en contra del “reprochable, arbitrario, sistemático e infundado ataque contra el legítimo ejercicio de la profesión, de parte de diversos sectores políticos partidarios”.
“Escuchamos ,de manera reiterada y constante, falsas imputaciones a profesionales de la abogacía como responsables de la proliferación de los juicios laborales. Estas manifestaciones, alejadas de la realidad, pretenden simplificar la problemática del empleo irregular o de las deficiencias del mercado ocupacional, con el exclusivo propósito de obtener réditos electorales, excusándose del propio fracaso”, sostuvo el organismo presidido por Andrés Abramovich.
En los Tribunales Laborales de Santa Fe, ingresan un promedio anual aproximado de cuatro mil causas. “Es ante este universo de millones de personas afectadas, donde es importante destacar que a quienes no se encuentran registradas se las somete a desempeñar tareas sin protección de la seguridad social, en peligro de su integridad física y mental, sin ART, sin respeto de los convenios colectivos y salarios básicos que deberían aplicarse, entre otras injerencias e impactos y, curiosamente, es aquí en donde la dirigencia política se plantea la existencia de una industria del juicio laboral”, remarcaron.
Los letrados consideraron que dichas manifestaciones “procuran adjudicar la degradación laboral a un sector minúsculo de la población, sin asumir las responsabilidades de gestiones o políticas públicas defectuosas. Resulta inadmisible que la clase política agreda a los abogados y abogadas, sin fundamento alguno”.
Según el INDEC, existe una cifra superior a 5.400.000 personas asalariadas informales y no menos de 3.000.000 de las llamadas trabajadoras autónomas, categoría que engloba a muchas personas trabajadoras precarizadas. A su vez, hay más de 6 millones de personas registradas del sector privado a las que también se les vulneran derechos. Al tiempo, recientemente la AFIP informó que recibe cerca de 100.000 telegramas anuales denunciando trabajo no registrado o registrado en forma deficiente.
En los Tribunales Laborales de Santa Fe, ingresan un promedio anual aproximado de cuatro mil causas. “Es ante este universo de millones de personas afectadas, donde es importante destacar que a quienes no se encuentran registradas se las somete a desempeñar tareas sin protección de la seguridad social, en peligro de su integridad física y mental, sin ART, sin respeto de los convenios colectivos y salarios básicos que deberían aplicarse, entre otras injerencias e impactos y, curiosamente, es aquí en donde la dirigencia política se plantea la existencia de una industria del juicio laboral”, remarcaron.
El CASF concluyó en que “resulta absurdo e inaceptable agredir a quienes se ocupan de la defensa de esas personas trabajadoras y no a quienes generan las condiciones para que esta situación de vulneración de derechos continúe en aumento. La litigiosidad nunca es deseable para trabajadores/as ni para empleadores/as”.
"Si se pretende evitar demandas judiciales, la parte empleadora debe cumplir con la ley. Atento a ello, hablar de "industria del juicio" es una afrenta causada por ignorantes de la realidad", remarcaron.