PROFESORES. Sigue la pulseada entre la Corte y los jueces de todos los fueros, a raíz de la limitación que ésta les impusiera para ejercer la docencia universitaria. Sin importar antecedentes, trayectorias, desempeño ni oportunidad –estamos en el medio del cuatrimestre de todas las universidades del país, y por esta resolución los magistrados docentes deben abandonar sin más tramite sus cursos-, la resolución 504/03, atribuida a la pluma de Augusto Belluscio, generó movimientos y reuniones entre encumbrados camaristas durante toda la semana que pasó. El Consejo de la Magistratura decidió intervenir en el asunto a raíz del creciente malestar de los jueces. Quien comanda esta iniciativa en el cuerpo, que como mínimo muestra la intención de “analizar la situación derivada” por esa medida, es el académico Juan Carlos Gemignani, que bien sabe que construir una carrera docente implica vocación, capacidad y tiempo dedicado. Gemignani no está solo, son muchos los que lo alientan a convertir al Consejo en el foro donde se escuchan y resuelven las cuestiones que importan a los jueces. El marco los ayuda bastante: justo en la semana en que prohibían a los magistrados dar clases de Derecho en universidades del interior del país el vicepresidente de la Corte, se paseaba por los courts de Roland Garrós, sin necesitar autorización alguna. Si bien Moliné O´Connor aclaró a quien lo quiera escuchar las atendibles razones por las que se encontraba en tierras galas, la comparación surge naturalmente por el propio contraste que generó la arbitrariedad de la prohibición a los jueces. Alpargatas (de tenis) sí, libros no.
ESCEPTICOS. Después del lógico sacudón inicial tras la noticia de que el presidente Néstor Kirchner cumpliría con el pedido de la AMIA y descorrería casi todo el velo que cubre la actividad de la secretaría de Inteligencia del Estado en torno a la controvertida investigación del atentado, la adrenalina bajó y comenzaron a escucharse en pasillos judiciales y estudios jurídicos algunos comentarios más alejados de las idas y vueltas políticas y más cercanos a los efectos prácticos de la decisión presidencial. Así aparecieron algunas opiniones escépticas sobre lo que vendrá. Primero, fueron varias las voces que recordaron que a la hora de sentarse en el juicio oral a la supuesta "conexión local" para ocupar el asiento de los testigos los agentes de la SIDE podrán hacer algo parecido a lo que ya hicieron varios policías (algunos de altísimo rango), es decir, abusar de la desmemoria. Además, apuntaron otros, correrán con una ventaja adicional, ya que la actividad que realizaron en torno a la investigación del atentado en buena medida no quedó registrada en el expediente. Aún hoy se hace difícil para el juez Juan José Galeano judicializar buena parte de la información que la SIDE le arrima, porque el secreto de la fuente de inteligencia no tiene nada que ver con las condiciones mínimas para formular una acusación o, visto del otro lado, la garantía constitucional del derecho de defensa. De cualquier forma, lo que pase o no con los agentes que deben declarar en el juicio todavía está en veremos, por ahora, en el Boletín Oficial se publicó un decreto, el 146/2003, que sólo resuelve levantar el carácter secreto del sumario interno que la SIDE de Carlos Becerra realizó en el año 2000 y terminó en sanciones a varios jefes del organismo. De cualquier forma, tres fuentes distintas que han tenido acceso directo o buenos informantes con narices en el sumario aseguran que en el mismo "no hay nada" que sirva para el juicio oral. ¿Cuál será entonces la consecuencia práctica de la medida? Es difícil adelantarlo, pero hay entre los que defienden la legalidad de la investigación un creciente temor que toda la movida no sirva más que para "terminar de embarrar la cancha" y que -definitivamente- sea la instrucción a cargo de Galeano y no los acusados los que queden en el centro del debate. En uno u otro caso, se sabrá pronto. (Especial para Diariodeljuicio.com)
PLANES TRABAJAR. Posiblemente vayan para el Poder Judicial. Así lo revelaron a esta columna funcionarios de la Asociación Judicial Bonaerense que mencionaron que en algunas dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires se “han encomendado funciones laborales a personas acogidas al plan "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" sin cumplir los requerimientos exigidos por las normas que instruyen su uso. Al entender de los gremialistas, la idea de introducir a estas personas se relaciona con el único fin de aprovechar el programa, nacido en tiempos de la gestión de Eduardo Duhalde, con un raro efecto de precarización laboral. Las fuentes consultadas manifestaron que el mayor problema que pueden enfrentar ante el uso de este programa es una “posible comisión de malversación de caudales públicos por parte del juez o jefe de la dependencia que permite dicha anomalía”, dado la falta de controles. A la hora de apuntar al creador de la modalidad, todos los dardos apuntan el camarista Fernando Maroto del Departamento Judicial de San Isidro, a quien los voceros aseguran haberse manifestado públicamente en favor de esta medida. La idea del gremio sería presentarse ante la Corte de la provincia de Buenos Aires con el fin de ponerle un coto a la situación y para que se deje de implementar esa forma de obtener mano de obra barata para cubrir las vacantes que desde hace mucho tiempo se vienen reclamando. En vez de criticar a Maroto, los muchachos del sindicato deberían pedir más planes. No estaría mal que algunos de esos recursos vayan a parar a los bolsillos de los esforzados meritorios, el mejor ejemplo del antiñoqui argentino.