El partido popular en la exposición de motivos señala que como la nueva regulación comunitaria permite el ejercicio profesional y la colegiación de los abogados de la Unión Europea (UE) en cualquier Estado, "resulta imprescindible introducir en el ordenamiento jurídico español un instrumento que acredite la calificación necesaria para el ejercicio profesional en España y siente las bases para la definitiva aproximación a los sistemas vigentes en los restantes Estados de la UE".
Según el proyecto, la “prueba de aptitud” tendría un carácter único en todo el país en tanto que la pasantía constaría de una serie de cursos y especializaciones organizados entre claustros universitarios o de posgrados y los colegios de abogados o procuradores.
Superada la prueba o aprobada la pasantía, los abogados y procuradores contarán con la habilitación de aptitud profesional expedida por el Ministerio de Justicia, la cual los acreditará con la capacitación necesaria para el ejercicio de la profesión.
En cuanto a los contenidos y duración, las pasantías serán reguladas por un reglamento complementario de la ley mientras que la prueba de aptitud constará de un exámen tendiente a que el candidato demuestre la formación práctica e integral suficiente para el ejercicio de la profesión sea desde el punto de vista técnico-jurídico, como así también desde el punto de vista ético y moral.
Esta evaluación estará a cargo de una comisión que será la encargada de verificar y aprobar la idoneidad de cada uno de los licenciados –abogados o procuradores- para el ejercicio profesional.
La medida afectaría, para el caso de concretarse, a los estudiantes que se licencien cinco años después de que se apruebe –eventualmente- esta ley.
El Gobierno Español, cabe recordar, ya había intentado incursionar en la reforma para el acceso al ejercicio profesional de la abogacía y la profesión de procurador en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia en el año 2001, lo cual no fue aceptada por la oposición.
En esta nueva jugada, el Grupo Parlamentario Popular presentó el proyecto de ley el 28 de mayo. Ya fue aceptado por la Cámara baja -el pasado martes- y ahora el Gobierno deberá proponer la misma al Pleno del Congreso.