La prensa mexicana consideró como “histórica” la decisión del máximo tribunal del país, porque es la primera vez que se accede a un pedido de un tercer país y por delitos de lesa humanidad, se informó en el distrito federal.
Cavallo, teniente de Fragata retirado de la Armada de Argentina y acusado por los delitos de tortura, genocidio y terrorismo por el juez español Baltazar Garzón, fue capturado en México el 24 de agosto del 2000, cuando era titular del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de ese país.
Cavallo formó parte de los temibles grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura militar donde se lo conocía como “Sérpico”.
Desde que fue detenido hace casi tres años, Cavallo intentó por todas las vías frenar la extradición a España. Hace casi un año la defensa del represor argentino argumentó que el tratado de extradición entre México y España era inconstitucional, y que los delitos de los que se le acusa genocidio, tortura y terrorismo habían prescripto.
El máximo tribunal mexicano rechazó esos planteos, por lo que Cavallo quedó más cerca que nunca de España. También, con esta decisión, quedó claro que la mayoría del Tribunal acogió principios fundamentales de la extraterritorialidad para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, al entender que Cavallo podía ser extraditado a un país donde no había cometido delito alguno.
Hoy temprano, unos 93 organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos entregaron un petitorio al Presidente de México, Vicente Fox, para que agilice la extradición del ex marino argentino.
“El tiempo que ha utilizado el Gobierno mexicano para decidir sobre la procedencia de extradición de Cavallo ha sido alargado injustificadamente, lo cual se traduce en un retardo de la aplicación de la justicia”, dijeron los organismos humanitarios, que recordaron que el Juez José Guadalupe Luna, emitió una opinión a favor de la extradición del ex militar Cavallo hacia España el 12 de enero del 2001.
“De lograrse la extradición de Cavallo a España, el Gobierno de México marcaría un hito en la jurisprudencia internacional, contribuyendo con la aplicación de los principios universales, en defensa de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad”, se afirmó en el petitorio.