Tras la primera semana del proceso disciplinario ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, el juez federal de Mendoza Walter Bento deberá enfrentar la etapa final del juicio por presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y enfrenta los dos procesos en paralelo. El jury en su contra podría terminar con su destitución antes de finales de noviembre, lo que lo dejaría sin fueros. Vale recordar que se encuentra actualmente procesado con prisión preventiva.
La investigación penal se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad, en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
Esta semana declararan los últimos testigos y comenzarán los alegatos de las partes, previos a la sentencia. En ambos procesos, el magistrado negó los cargos y aseguró que los testigos en su contra buscan "beneficios" en su condición de detenidos y condenados.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Gloria André y su colega que investigó durante la etapa de instrucción, Dante Vega, argumentaron que existió una organización delictiva donde el juez Bento ejercía presuntamente el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a otorgar beneficios procesales (desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso) a cambio de distintas prestaciones como el pago de sumas de dinero o la entrega de bienes inmuebles o muebles.
En el caso del jury, que evalúa su desempeño como juez, el jurado designado por sorteo está integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau. Para aprobar la destitución de Bento deben votar afirmativamente cinco de los siete jurados que integran el jury y la decisión no es apelable.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Gloria André y su colega que investigó durante la etapa de instrucción, Dante Vega, argumentaron que existió una organización delictiva donde el juez Bento ejercía presuntamente el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a otorgar beneficios procesales (desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso) a cambio de distintas prestaciones como el pago de sumas de dinero o la entrega de bienes inmuebles o muebles.
En esa acusación también se encuentran la esposa del juez, Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento, imputados por haber formado parte del enriquecimiento ilícito del magistrado.