En veinte carillas, Ballestero procesó además al ex subsecretario de administración del Palacio Pizzurno, José Fortes -también embargado por 400.000 pesos- y a dos empleadas contratadas por Haime.
El 27 de diciembre pasado, Ballestero dictó la “falta de mérito” para procesar o sobreseer a los imputados, pero el fiscal Carlos Cearras apeló a la Cámara Federal, donde se dispuso que se resolvieran las situaciones de los implicados, terminando en el fallo conocido hoy.
En la causa se investigó la contratación “en forma directa” de los servicios de Haime para conocer la opinión de sectores de la sociedad sobre cuestiones que interesaban al ministerio, como la Ley Federal de Educación, el recorte de fondos y la reacción gremial frente a decisiones de la cartera.
Tanto Decibe como García Sola, quien la sucedió al frente del ministerio, defendieron la “legalidad” y “transparencia” de los trabajos contratados, que fueron cuestionados por la Oficina Anticorrupción, donde se detectó que algunos informes parecían “calcados” entre sí, lo que suponía que no había un trabajo real de elaboración.
Para la OA, con estos convenios se cometieron “violaciones a las disposiciones que regulan los contratos”, como los “montos máximos que debían abonarse” y la “doble o triple” contratación para estudios que se podrían haber realizado “mediante un solo trabajo”.