La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará “causa por causa y juez por juez” en su intento de remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según lo adelantó el titular de la misma, Ricardo Falú. Respecto de la situación del presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, Falú confió que "por el momento sólo hay que esperar novedades". Además detalló que "solamente se están tramitando causas contra el doctor Nazareno" y "no es de esperar, en este momento, el tratamiento de ninguna otra cuestión vinculada a otros jueces de la Corte ".
Es inexorable
El cómico Nito Artaza llamó a que los ahorristas tengan la confianza de que "con esta Corte o con la Corte que sea" el fallo ordenando la redolarización de los depósitos "va a salir inexorablemente". Artaza pronunció estas afirmaciones minutos después de que la Corte Suprema de Justicia aplazara hasta el próximo 4 de julio el fallo sobre el caso Lema. Para el actor una vez que la justicia disponga la redolarización de los depósitos, en ese caso particular, serán beneficiados todos los que aún mantiene sus reclamos.
Por el derecho de propiedad
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, manifestó que es “indispensable que la Corte Suprema adquiera una estatura institucional como la que se merece la Argentina”, al tiempo que agregó que el alto tribunal tiene que presentar algún tipo de crecimiento. Además, afirmó que no esperaba que la Corte sacara ningún fallo hoy, y apuntó que “si el Gobierno tuviera que expresar su posición, es que restituyeran el derecho de propiedad de todos los ahorristas”, pero aclaró que la situación del Estado no lo permite”. El ministro vertió esos conceptos en el Palacio de Tribunales luego de mantener un encuentro con la jueza María Servini de Cubría, por temas eleccionarios.
Extradición
La extradición a España del ex represor argentino Ricardo Cavallo podría concretarse en ocho o 10 días, calculó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Verruga, quien explicó que la Suprema Corte mexicana tiene “un plazo máximo de ocho días” para notificar a la Cancillería la decisión de habilitar la extradición a España. A partir de los ocho días ya es únicamente ajustar con la autoridad española los mecanismos de entrega” dijo el funcionario, que confirmó que es “la primera vez” que México extradita a una persona acusada de genocidio. “Esto habla muy bien de la vigencia y protección de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad en el mundo, independientemente de dónde se hayan producido estos delitos”, dijo Verruga.