En la misma resolución los camaristas confirmaron el procesamiento de Carlos Alberto Villalba, quien se desempeñaba como asesor del Departamento de Relaciones con los Beneficiarios en el PAMI de Mar del Plata, confirmaron fuentes judiciales.
El delito que se les imputa está contemplado en el artículo 261 del Código Penal, donde se prevén penas de "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani entendieron que en el expediente que lleva adelante el juez federal Jorge Ballestero "pudo determinarse que se cotizaron y abonaron importes excesivos" en la organización del evento, "en relación a los valores de mercado para transporte, alojamiento y comidas" de los participantes.
Entre las irregularidades detectadas, que fueron estudiadas por la Oficina Anticorrupción (OA), se cuentan pagos duplicados por los mismos conceptos, respaldados por facturas "con CUIT no válidos o repetidos", como en el caso de la empresa "Trans-Cor", a la que se le pagaron 48.260 pesos por el traslado de participantes, y figura con el mismo CUIT que "Gráfica La Sirre" que se ocupó de la impresión de folletería para el evento.
Los camaristas avalaron lo actuado por el juez de primera instancia y destacaron que Ricillo estaba al frente de la organización del evento por orden del entonces presidente del PAMI, Carlos Elbio Alderete (ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, sin relación familiar con Víctor Alderete).
Además, la cámara ordenó profundizar la investigación hacia "los funcionarios del Instituto que autorizaron a liberar los fondos afectados para la realización de las jornadas", en alusión a Carlos Alderete.
En la misma línea, fuentes judiciales confirmaron que se encomendó investigar el posible encubrimiento de la maniobra por parte de Víctor Alderete, ya que la documentación que prueba la supuesta malversación de fondos apareció en las cajas que el último interventor del PAMI en tiempos de Carlos Menem guardó en una vivienda de Morón antes de abandonar el cargo.