Más de 130 mil ciudadanos/as de la provincia de Río Negro son atendidos anualmente por la Defensa Pública de los fueros de familia y civil. Los abogados brindan asesoramiento ante casos de vulneración de derechos o aquellos en los que se detecta la ausencia de su ejercicio.
Esta atención no es sólo personal, sino que se brinda además por vías virtuales como WhatsApp, telefónica o a través de correo electrónico.
Los accesos al servicio de justicia se conforman a través de los Centros de Atención de la Defensa Pública (CADEP) que se encuentran en las ciudades con mayor concentración demográfica, como así también en otras con menor población, donde funcionan las Defensorías Descentralizadas.
La atención de las defensorías descentralizadas de Pobres y Ausentes durante todo el año pasado registra 27.715 personas, siendo las ciudades de Allen y Cinco Saltos las que mayor cantidad de justiciables tuvieron sumando 5.395 y 6.445 respectivamente.
Además, para llegar a todos los rincones de la provincia, se concretan también visitas a aquellas localidades y parajes donde no hay sedes del Ministerio Público de la defensa. Esto a través del Programa de Extensión Territorial de la Defensa Pública y por lo general los defensores/as oficiales atienden en juzgados de paz, comisiones de fomento, escuelas o centros sanitarios.
Tal como refleja el informe de gestión elaborado por la Procuración General, 96.356 ciudadanos y ciudadanas fueron atendidas durante el año pasado a través de los CADeP de Viedma, San Antonio Oeste, General Roca, Villa Regina, Choele Choel, Luis Beltrán, Bariloche, y Cipolletti.
La atención de las defensorías descentralizadas de Pobres y Ausentes durante todo el año pasado registra 27.715 personas, siendo las ciudades de Allen y Cinco Saltos las que mayor cantidad de justiciables tuvieron sumando 5.395 y 6.445 respectivamente.
Este trabajo realizado con la mirada puesta en garantizar el acceso a la justicia de quienes están en situación de vulnerabilidad, brinda un primer asesoramiento jurídico en procura de garantizar sus derechos logrando, asimismo, la satisfacción del interés social.
El objetivo que prevalece en el desarrollo de la tarea es poner la mirada general en resolver los conflictos de manera pacífica.
Cada ciudadana, ciudadano que relata su historia recibe particular atención a los detalles, la contención, evaluación, asesoramiento y, en muchos casos los y las defensoras buscan la articulación con otras instituciones locales y provinciales para dar respuestas interinstitucionales la situación planteada.
Así, por ejemplo, en casos de violencia se puede solicitar abordaje socioterapéutico en el Hospital, generar vínculos con la Consejería de Violencia del municipio y/o con la Secretaría de Igualdad de la provincia. En tales casos, los agentes de la Defensoría efectúan una derivación responsable y coordinan con los empleados y funcionarios de tales organismos a los fines de ponerlos en conocimiento de cada situación y las particularidades del caso.