En la misma resolución de 87 fojas que DiarioJudicial.Com publica íntegra, el juez dispuso también la falta de mérito para el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, el ex subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen y el ex secretario de Hacienda, Jorge Baldrich.
En todos los casos, el juez entendió que “no existen en autos elementos de prueba” para dictar procesamientos. Además, dictó el sobreseimiento de funcionarios de carrera del ministerio de Economía como Norberto López Isnardi, Federico Molina, Álvaro Palencia Reffino, Yolanda Eggink y Osvaldo Biset.
Para tomar la decisión de sobreseer a los ex funcionarios el magistrado tuvo en cuenta que “las funciones que desarrollaban los mismos dentro del Ministerio de Economía eran estrictamente técnicas y alejadas de todo poder de decisión sobre la concreción de la operatoria y sus aspectos fundamentales” por lo que “en el presente resolutorio habrá de adoptarse un temperamento de carácter liberatorio respecto de los nombrados.”
Para arribar a su decisorio el juez se basó en las divergentes opiniones de peritos de las partes, de la Universidad de Buenos Aires y de una contadora oficial designada por el Tribunal.
Los peritos presentados por los defensores -entre quienes figuran varios ex funcionarios del ministerio de Economía, como Pablo Guidotti, y economistas con presencia mediática, como Carlos Melconián- concluyeron que el megacanje “evitó un perjuicio mayor al Estado. Esta operación financiera fue realizada con el propósito de que el Tesoro no cayera en cesación de pagos”.
Dijeron también que “teniendo en cuenta la magnitud de los vencimientos programados para los años 2001-2005, no existían otras alternativas viables” al megacanje y que “a la fecha en la que esta operación se concibió y ejecutó, la misma era necesaria para defender los intereses del país”.
Por otro lado, el juez cita los argumentos del perito de la querella, Juan Carlos Scaramal. La decisión de efectuar el megacanje “muestra un muy grave perjuicio contra el país” y calificó como “absolutamente desproporcionado” que el canje de deuda para posponer vencimientos sumara 55.590 millones de dólares a las obligaciones externas.
Pero el juez aclara en la resolución que basó sus conclusiones no en el informe de este perito sino en otro, nombrado por la Universidad de Buenos Aires, Juan Ulnik, y por la perito contadora oficial, Nury Villalba.
Mientras Ulnik suscribió todos los puntos concordando con los peritos defensistas, Villalba se abstuvo de contestar tres preguntas formuladas por Ballestero, en virtud de su condición de contadora no especializada en temas económicos.”
Además, sobre el final del extenso escrito, Ballestero rechazó el llamado a indagatoria de Fernando De la Rúa que reclamaron los fiscales la semana pasada y dejó sin efecto el llamado pendiente para que declare como imputado el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos y banquero del Credit Suisse, David Muldford.
También el juez fustigó a los fiscales de la causa por el pedido de indagatoria a los banqueros responsables de las entidades que participaron en la operación.
En este punto señaló el magistrado: “Debe recordarse a los Señores Fiscales que no existe en todo el expediente una sola prueba que permita sostener que en las reuniones previas al canje se llevaron a cabo hechos delictivos que involucren a los representantes de los bancos”, enfatizó y aseguró que los fiscales “interpretan los testimonios de los testigos de manera arbitraria y antojadiza”.