En la causa "VALMAGGIA, DANIEL ANIBAL c/ EN-M SEGURIDAD s/ AMPARO LEY 16.986", el Juzgado en lo Contencioso Administrativo federal rechazó resolver el amparo derivado por la justicia criminal contra el protocolo de orden público elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El juez Santiago Carrillo declaró su incompetencia en línea con el dictamen fiscal que derivó lo actuado a la justicia criminal para que allí se resolviera pero la titular del Juzgado 51, Graciela Sarada Angulo, declaró su incompetencia y el amparo volvió al magistrado.
La sentencia aseguró que “lo más trascendental es que la normativa prevé la intervención de las fuerzas de seguridad por entender que se encuentra configurado un delito, circunstancia que excede la competencia y el análisis que el suscripto puede realizar del caso”.
La jueza penal aseguró que el amparista “invoca garantías constitucionales como la libertad de ambular, manifestarse, de trabajo, entre otras; y en un segundo plano cuestiona el encuadre penal que es citado por la resolución ministerial. Claramente lo que pretende es que se deje sin efecto la resolución n° 943/2023, además como medida cautelar se suspenda la aplicación de la misma y subsidiariamente, se declare la inconstitucionalidad de esta”.
La sentencia aseguró que “lo más trascendental es que la normativa prevé la intervención de las fuerzas de seguridad por entender que se encuentra configurado un delito, circunstancia que excede la competencia y el análisis que el suscripto puede realizar del caso”.
“Los derechos involucrados, así como el fuero propio de aplicación; o, dicho en otras palabras, los derechos que la actora denuncia restringidos y la naturaleza penal de la normativa en cuestión”, agregó el juez.
El protocolo denunciado fue publicado el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial, con la firma Patricia Bullrich, y se basa en "la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida".