Iba en el auto oyendo distraída la radio, en un momento empieza la tanda publicitaria y escucho después de un jingle pegadizo de un producto para controlar las plagas del campo, el disclaimer obligatorio: “su uso incorrecto puede dañar la salud o el ambiente”.
Por alguna asociación rara relacioné con la Justicia que está tan activa en estos días, a pesar de la feria judicial de enero. Amparos, habilitaciones de feria, per saltum, procesos colectivos; pueblan las noticias del otrora calmo mes de vacaciones. Me pregunté entonces si el “uso” de la Justicia debería venir también con una leyenda de exclusión de responsabilidad como vienen las sustancias químicas: “su uso incorrecto puede dañar a la democracia y a la reputación de los tribunales”.
La compatibilidad entre el "uso excesivo de los Tribunales para obstaculizar reformas políticas" y el "uso de los Tribunales como un mecanismo esencial de protección contra los excesos" es una cuestión compleja que depende en gran medida del contexto y la aplicación específica en cada caso. Ambas perspectivas tienen sus méritos y desafíos, y encontrar un equilibrio adecuado es crucial para preservar tanto la integridad del sistema judicial como la salud de la democracia.
Los Tribunales utilizados “en exceso” pueden poner en peligro la eficacia de un gobierno y generar desconfianza en las instituciones democráticas al obstaculizar reformas legítimas. Sin embargo, la Justicia contribuye a evitar abusos de poder, proteger derechos fundamentales y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
La clave es evaluar si las demandas judiciales son motivadas por preocupaciones legítimas o si buscan simplemente obstruir el proceso político.
Podría debilitar la separación de poderes al permitir que el Poder Judicial influya demasiado en las decisiones políticas, sin embargo, fortalece la independencia judicial y asegura que cada rama del gobierno cumpla con una función de control y equilibrio.
El Poder Judicial puede generar frustración en la sociedad al retrasar la implementación de políticas respaldadas por la mayoría. Pero también, fomenta la participación ciudadana al ofrecer una vía para impugnar políticas que podrían amenazar derechos y valores fundamentales.
La clave es evaluar si las demandas judiciales son motivadas por preocupaciones legítimas o si buscan simplemente obstruir el proceso político.
Habría que encontrar la armonía que permita a los Tribunales desempeñar su papel protector sin que se conviertan en un obstáculo injustificado para gobernar de acuerdo con lo que la gente votó. Este equilibrio requiere una cuidadosa reflexión sobre la independencia judicial, la transparencia del sistema y la necesidad de salvaguardar los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Claramente no hay una etiqueta con instrucciones de aplicación ni hay una advertencia sobre el mal uso de los mecanismos judiciales. Dependerá entonces de los abogados, los de adentro y los de afuera del Poder Judicial, el equilibrio que tan bien simboliza la balanza de la Justicia.