El convenio entre el gobierno de la Ciudad y la Justicia Federal establece que se entregarán $ 80.000 a la Cámara Electoral Nacional, $ 400.000 a la secretaría electoral y $ 225.000 al sistema informático del Consejo de la Magistratura. Por su parte la Justicia Electoral entregará los padrones definitivos que deben estar finalizados para este mes y para lo cual ya el fin de semana pasado trabajaron unas 130 personas para que el Gobierno de la Ciudad pueda tener en tiempo y forma los padrones y las urnas correspondientes.
Pero lo que molestó a Servini de Cubría y Otaño Piñero fueron las expresiones de actitud "cuasi extorsiva" que ese vocero del Tribunal Superior -no quiso identificarse- le atribuyó a estas personas por la forma en que había tardado en firmarse ese convenio.
En realidad, la puja -en eso nada tiene que ver el gobierno porteño- entre la Justicia Electoral y el Superior Tribunal, nació cuando este quiso inmiscuirse en asuntos de competencia electoral al solicitar que el juzgado de Servini de Cubría y la propia Cámara debían facilitarle todos los elementos para realizar la elección y acceder al sistema informativo de la secretaría electoral pero sin ninguna ingerencia del juzgado o de los camaristas.
Ese planteo inició un conflicto que llegó hasta la Corte Suprema que -salomonicamente para no crear un conflicto con el gobierno de la Ciudad- respaldo a la Cámara Nacional Electoral para firmar el convenio como existe con las provincias pero le otorgó competencia al Superior Tribunal para atender las cuestiones electorales del ámbito capitalino. Luego de varias negociaciones en la que tuvo un papel activo el subsecretario de Gobierno, Jorge Enríquez, se llegó a un acuerdo y a la firma del convenio que instrumentaron Servini de Cubría y Moreno Hueyo. En el fondo se puso fin a un conflicto que según fuentes federales encerraba un lobby de intereses particulares en torno al Superior Tribunal de Justicia con la supuesta intención de privatizar los comicios y hasta se daba el nombre de un ex funcionario judicial que estaría detrás de la presunta operación.
En su nota dirigida a este diario (que publicamos en la sección "Correo de lectores") Servini rescata la experiencia de ese juzgado y la suya personal que atendió 8 elecciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. "Dichos comicios jamás han sido objeto de cuestionamiento alguno en cuanto a su organización, desarrollo, cierre o escrutinio, como sí ha ocurrido -y ello es de conocimiento público- en otros distritos del país".
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