El Jurado de Enjuiciamiento de Salta suspendió de sus funciones al juez de Orán, Edgardo Laurenci, tras la denuncia por presunto mal desempeño que presentó el Procurador General, Pedro García Castiella.
El magistrado está acusado por mal desempeño de sus deberes de funcionario público a raíz de la fuga del sicario Lino Moreno, condenado por el crimen de Liliana Ledesma. Moreno, quien cumplía una condena perpetua que el Tribunal de Juicio de Orán le impuso en 2010 por su participación en el asesinato de Ledesma, recibió el beneficio de una salida transitaria el 18 de junio del 2023. En esa ocación aprovechó para fugarse y no fue recapturado.
En septiembre pasado, García Castiella denunció al juez y en noviembre la ratificó ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde solicitó que se declare la admisibilidad formal del pedido de juicio político que presentó contra el magistrado y que se lo suspenda en sus funciones. Le atribuyó la autorización de las salidas del condenado a perpetua, a pesar de la opinión contraria de la fiscal Claudia Carreras y de la familia de la víctima, que había recibido amenazas de Moreno.
El mismo día de la fuga, el Servicio Penitenciario Provincial informó al juez de la ausencia de Moreno, sin embargo, el magistrado se limitó a pedir que se le remitieran las actuaciones y "recién el 6 de julio el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención".
El procurador general consideró que el juez Laurenci actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, "puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica".
En este sentido, el procurador le reprochó al magistrado que, además de estos "desaciertos", entregó a la Policía una orden que "incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno". Como era de esperarse, esa información incorrecta provocó que la Policía no pudiera dar con la casa, y tampoco pudiera registrar la orden de captura debido a la inexactitud de los datos. Con las idas y venidas se consumieron 52 días, de tal manera que recién el 9 de agosto el juez "corrigió el oficio enviado a la policía".
El procurador general consideró que el juez Laurenci actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, "puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica".