A través de la resolución N° 651/2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de 16 cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en el marco de la implementación del sistema acusatorio en dicha jurisdicción.
Esta decisión se suma a las adoptadas el 21 de marzo, cuando el Máximo Tribunal asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico, y autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, abocados a dicha tarea.
Concretamente, la medida firmada por los supremos crea un cargo de secretario letrado, cuatro de secretarios de juzgado, dos de prosecretarios administrativos, dos de jefes de despacho, dos de oficiales, cuatro de escribientes y uno de medio oficial.
Antes, al participar de la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura había expresado un fuerte impulso al sistema acusatorio en Rosario.
En aquella ocasión, Rosatti afirmó que no se puede enfrentar al crimen organizado “con un Estado o una Justicia desorganizados”, y agregó: “Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es ni lo será en este caso porque pensamos que es un cambio benéfico para todos, fundamentalmente para los justiciables”.
Además, manifestó el compromiso de la Corte con el objetivo de alcanzar “una Justicia más ágil, más pronta, más transparente y, fundamentalmente, más eficaz para el esclarecimiento de los ilícitos”, y señaló que el Consejo de la Magistratura “está empeñado en concretar a la brevedad la cobertura de las vacantes de jueces de esa jurisdicción, porque en Rosario prácticamente la mitad de los cargos de magistrados está vacante”.
Concretamente, la medida firmada por los supremos crea un cargo de secretario letrado, cuatro de secretarios de juzgado, dos de prosecretarios administrativos, dos de jefes de despacho, dos de oficiales, cuatro de escribientes y uno de medio oficial.
La resolución invoca lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 27.150 de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la creación de Oficinas Judiciales en los Distritos Federales con asiento en las provincias. En ese marco, ya se han creado oficinas en Salta y Jujuy, provincias cuya experiencia en la puesta en marcha del sistema acusatorio destacó Rosatti en su intervención durante el mencionado encuentro.