El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, aprobó el “Protocolo para la protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos”, que fue ratificado en la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
El protocolo fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección de Fiscales de la AIAMP, en el cual se abordan y promueven mecanismos y procedimientos para la implementación de medidas de seguridad y protección para las y los fiscales, funcionarias/os y empleadas/os cuando estén en situación de riesgo o amenaza a su vida e integridad física, derivadas del ejercicio de sus funciones.
“En el Protocolo, a partir de la evolución transnacional de la criminalidad organizada y de las crecientes amenazas contra quienes se encargan de investigar a estas estructuras delictivas que buscan paralizar la actividad investigativa de los fiscales, se fortaleció el mecanismo de protección y seguridad de fiscales y funcionarios mediante su aplicación internacional”, concluyó el documento.
El documento sostiene que “cuando un o una integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por el ejercicio de sus funciones, considere estar sometido a actos de violencia, amenazas o intimidación, podrá solicitarle por correo electrónico a la SCI que active las medidas de seguridad y protección”.
En ese contexto, la SCI dará curso al pedido y lo remitirá al Ministerio de Seguridad de la Nación, que evaluará el riesgo y dispondrá las medidas que estime necesarias para garantizar el resguardo de la integridad física o el normal funcionamiento de la dependencia en riesgo.
El protocolo también contempla la evolución transnacional de la criminalidad organizada y la necesidad de resguardar a los miembros de los ministerios públicos que integran la AIAMP cuando se encuentren fuera de su país. En estos casos, también se deberá dar aviso a la SCI, cuando las y los fiscales, funcionarios y/o empleados que hayan sido amenazados por sus labores, deban trasladarse a cualquier país que integre la AIAMP.
“En el Protocolo, a partir de la evolución transnacional de la criminalidad organizada y de las crecientes amenazas contra quienes se encargan de investigar a estas estructuras delictivas que buscan paralizar la actividad investigativa de los fiscales, se fortaleció el mecanismo de protección y seguridad de fiscales y funcionarios mediante su aplicación internacional”, concluyó el documento.