La Defensoría General de la Nación (DGN) aprobó, mediante la Resolución DGN Nº369/24, el “Proyecto piloto de unidades de defensa” para la jurisdicción federal de Rosario, con el fin de reorganizar el servicio de defensa pública frente a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que tendrá lugar a partir del próximo 6 de mayo.
Desde esa fecha, en todo suceso delictivo que se cometa en la jurisdicción federal de Rosario se aplicará el sistema acusatorio; mientras que las causas penales que se encontraban en trámite allí de manera previa continuarán su desarrollo bajo las reglas del actual Código Procesal Penal Nacional.
El proyecto busca garantizar la asistencia jurídica integral y a promover la defensa de los derechos fundamentales de las personas reproduciendo la experiencia observada en la jurisdicción federal de Salta, donde el nuevo procedimiento se encuentra vigente con éxito desde 2019.
Esto hará que coexistan tres escenarios de litigio que la defensa pública deberá cubrir adecuadamente, estos son la defensa penal bajo el sistema acusatorio, bajo el procedimiento actual y en materia no penal.
Las políticas específicas que la DGN ejecutará, ante el inminente cambio funcional que produce la aplicación del CPPF, consisten en la formación de unidades y equipos de defensa.
El proyecto busca garantizar la asistencia jurídica integral y a promover la defensa de los derechos fundamentales de las personas reproduciendo la experiencia observada en la jurisdicción federal de Salta, donde el nuevo procedimiento se encuentra vigente con éxito desde 2019.
Defensor/a Público/a de Coordinación
Para cumplir con estos objetivos, también se activó, a través de la Resolución DGN Nº362/24, la figura del/de la Defensor/a Público/a de Coordinación, quien tendrá la responsabilidad de supervisar el trabajo y gestionar las necesidades de todas las estructuras de la defensa pública federal de la jurisdicción.
La elección de esa figura surge de una terna propuesta por los/as magistrados/as de la jurisdicción y es elegida por la Defensora General de la Nación en función de sus antecedentes y experiencia, la duración en su función es de un año y podrá ser reelecta. De ella dependerán la totalidad de recursos materiales y humanos disponibles para la defensa pública en la jurisdicción.
Para ejercer esa función de coadyuvar en la organización de la defensa pública y garantizar la adecuada prestación del servicio en los distintos escenarios de litigio, se designó a Rosana Andrea Gambacorta, actual Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de Rosario, quien asumirá a partir de la efectiva puesta en funcionamiento del CPPF.
Nueva estructuración de la defensa pública federal en la jurisdicción de Rosario
A partir de lo previsto en este proyecto piloto, las defensorías públicas oficiales se convertirán en unidades de defensa de las cuales unas se dedicarán a los casos penales iniciados desde la implementación del CPPF; otras se encargarán, hasta su finalización definitiva, de los casos pendientes que se rigen bajo el código actual; y otras que se destinarán para todas las intervenciones sobre asuntos de otras materias no penales.
Los/as magistrados/as y/o defensores/as públicos/as coadyuvantes brindarán asistencia técnica en el ámbito de litigio asignado, desde el inicio del caso hasta su finalización, para lo cual recibirán colaboración del personal técnico jurídico y administrativo.
De ese modo, la ciudad de Rosario contará con cuatro de estas unidades: Unidad de defensa acusatorio; Unidad de defensa penal remanente; Unidad de defensa en materia no penal; y la Unidad de defensa Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada.
En la ciudad de Santa Fe se crearán tres unidades de defensa: Unidad de defensa acusatorio; Unidad de defensa penal remanente; y la Unidad de defensa en materia no penal.
Asimismo, se creará una “Unidad de defensa pública”, que tendrán competencia múltiple, para cada una de las ciudades de Rafaela, San Nicolás y Venado Tuerto.
Por último, también se conformará un “Equipo de defensa en materia de ejecución penal” para brindar asistencia técnica efectiva y adecuada a toda persona en cumplimiento de pena y/o de reglas de conducta, con independencia del sistema (CPPF o Ley Nº 23.984) y la etapa procesal en que ello suceda. Este equipo se dividirá en dos sedes funcionales -una en la ciudad de Rosario y la otra en Santa Fe-, en atención a la particular problemática penitenciaria existente en la provincia de Santa Fe.