El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), a través de un comunicado, manifestó "su profunda preocupación" por la sanción del Decreto N° 202/2024 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que puede poner en riesgo la percepción de un honorario mínimo por parte de los abogados mandatarios que ejercen su profesión procurando el cobro de deudas fiscales en mora.
“El abogado/a tiene derecho a recibir un monto mínimo de retribución por el ejercicio de su profesión, cualquiera sea la cuantía del pleito. Esa cantidad hace a la dignidad que merece todo letrado/a por su actividad como tal. Limitar dicha compensación a un porcentaje del 20% de la deuda puede implicar disminuir ese mínimo en perjuicio del abogado/a”, sostiene el comunicado emitido desde el organismo.
La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra pidió que se convoquen las mesas de trabajo establecidas en el art. 22 del citado Decreto para evaluar y remediar el impacto económico que puede ocasionar la implementación del Decreto respecto de los honorarios de los abogados.
Al respecto, “cabe señalar que el honorario tiene naturaleza alimentaria y constituye el sustento económico de los profesionales del derecho que desempeñan un rol fundamental en la administración de justicia y en la defensa de los derechos”.
La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra pidió que se convoquen las mesas de trabajo establecidas en el art. 22 del citado Decreto para evaluar y remediar el impacto económico que puede ocasionar la implementación del Decreto respecto de los honorarios de los abogados.
“Es necesario que, a través de este diálogo, se exploren y desarrollen alternativas que aseguren la preservación de los honorarios mínimos y, por ende, la justa retribución de los abogados”, sostuvieron.
“El CPACF se mantendrá firme en su compromiso de velar por los derechos de sus miembros y continuará trabajando incansablemente para asegurar que se respeten los principios de justicia y equidad que son fundamentales para el ejercicio de la profesión legal”, concluyó el comunicado.
La decisión del CGBA
A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno porteño dispuso "la distorsión en el pago de honorarios de mandatarios al momento de la cancelación de deuda en instancia judicial que mantienen con la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)".
Mediante mencionado decreto, el monto mínimo de los honorarios de los mandatarios se reduce de tres a dos UMA (Unidad de Medida Arancelaria) o el 20% del total de la deuda judicializada (el menor valor entre ambas opciones).
A modo de ejemplo, con el régimen anterior por un pago de deuda de $50.000, el contribuyente pagaba $204.856 de honorarios al mandatario. Con este nuevo régimen, como los honorarios nunca van a ser mayores al 20% del total de la deuda, pasaría a pagar $10.000.
“Con estas modificaciones se busca disminuir el número de acciones judiciales onerosas tanto para la Administración como para los contribuyentes en lo que respecta a los honorarios de los mandatarios, las costas judiciales y los intereses punitorios”, se lee en la medida.