Así lo contó hace dos décadas en París, ante una oficina local de derechos humanos, el ex marinero de primera de la Prefectura Daniel Rey Piuma, quien relató en detalle los tres sórdidos años que pasó en la Dirección de Inteligencia de Prefectura (DIPRE) del Uruguay.
Ahora, por primera vez, sus dichos cobran fuerza de testimonio en un expediente judicial en la Argentina. El juez federal Juan José Galeano acaba de pedir a la República Oriental del Uruguay mediante un exhorto diplomático que le remitan toda la información oficial “que de cuenta del hallazgo por parte de la Prefectura Naval de Uruguay de cadáveres en las costas uruguayas del Río de la Plata entre 1976 y 1982”.
El magistrado, a cargo transitoriamente del juzgado federal 10, pidió la medida en una causa donde se investigan los dichos de José Luis Bernabei, quien señaló a un militar argentino, Emir Hess, como uno de los tripulantes de los temibles “vuelos de la muerte”: operativos en los que se arrojaba, muchas veces vivos, a detenidos-desaparecidos desde aviones militares.
“La causa se encuentra en plena etapa investigativa”, explica el juez en el exhorto al que DiarioJudicial.com tuvo acceso exclusivo, y busca “colectar elementos de prueba para verificar si Emir Hess efectivamente participó” de esos vuelos.
Según las constancias del expediente que se inició en marzo del año pasado, Emir Sisul Hess, formó parte de la Escuadra Aeronaval de Helicópteros; la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, la Base Aeronaval Almirante Zar; la Escuela de Aviación Naval y –finalmente- en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El juez quiere saber si Hess “efectivamente participó en los sucesos descriptos, cuál fue su grado de responsabilidad en ellos y quiénes fueron las víctimas de dicho accionar”. En esa línea, los investigadores hicieron un detallado barrido por la ya añeja declaración de Rey Piuma y pidieron al Uruguay, una larga lista de respuestas sin evitar los puntos más sensibles.
Por ejemplo, Rey Piuma aseguró en su momento que en 1976 apareció un grupo de cadáveres a los que llamó “reconocidos” porque sobre ellos se hicieron las tareas de identificación. Sin embargo, explica más adelante, “en 1978 apareció un segundo grupo de 14 cadáveres en Colonia” sobre los que no se realizó investigación alguna.
“Yo trabajaba en ‘Técnica Móvil’ (el departamento de Prefectura que se ocupaba de investigar apariciones de ahogados) pero en ese caso se recibieron órdenes superiores para que no se trabajara con ellos”, explicó Rey Piuma.
El ex prefecto relató además que los cuerpos, a pesar de que presentaban en muchos casos un avanzado estado de putrefacción, tenían signos evidentes de violencia: “manos y pies atados, fracturas expuestas, perforaciones de bala, cortes de músculos y cráneos hundidos y algunos denotaban violaciones”, explicó. “A los cadáveres de 1976 los mostraron, incluso fue la televisión –relató Rey Piuma- pero cuando empezó la sospecha de que se trataba de presos políticos argentinos torturados nunca más los mostraron”, reveló.
Las evidencias en los cuerpos y la inquietante “orden superior” de no documentar los hallazgos llevó a los investigadores argentinos a pensar que se trataba, efectivamente, de víctimas de “vuelos de la muerte” y que se habría contado con el encubrimiento de las autoridades uruguayas.
Por eso, el juez Galeano le pidió al país vecino que “informe si se puso en conocimiento de las autoridades argentinas la aparición de cadáveres de ciudadanos presuntamente argentinos” en las costas orientales.
La precisión de los datos de Rey Piuma permitió además que el juez fuera muy específico en su pedido. Así, reclamó de la Suprema Corte Uruguaya la remisión de “la totalidad de los antecedentes obrante” en el departamento en el que trabajaba el testigo y hasta le puso nombre propio a los documentos, como “la Carpeta 001” del Registro del Archivo de Inteligencia Departamento II de la Prefectura Naval.
En esa carpeta, según el ex prefecto, él mismo archivó la documentación sobre el hallazgo del cadáver de una joven que portaba una cédula de identidad argentina a nombre de María Cristina Cámpora, cuya foto no pudo compararse con el cuerpo que, por el tiempo transcurrido bajo el agua “parecía una gelatina”.
En juez pidió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que verifique en su base de datos si figura como desaparecida una persona con ese nombre.
Para Rey Piuma, no había ninguna duda que la profusión de cuerpos en el río entre los meses de abril y junio provenían de desaparecidos de la vecina orilla. “Algunos de los cuerpos tenían restos de ropa donde podía leerse ‘Poliéster - Industria Argentina’. En uno de ellos se encontró una vez una monedita de un peso argentino”, relató el ex prefecto, quien en 1984 escribió un libro sobre el tema: “Los crímenes del Río de la Plata”.
Los pedidos de información de Galeano incluyen también las actuaciones judiciales sobre la aparición de cadáveres y los legajos personales de Rey Piuma y de otros efectivos que el testigo nombra en su testimonio: Daniel Maiorano, Arnol González Espinosa, Álvaro Diez Olazábal y de dos responsables de la Prefectura Uruguaya: Enrique Harriet y José Imizcos.
Fuentes judiciales explicaron que el exhorto ya está en manos de la Cancillería argentina, donde se verificará que cumpla con los requisitos formales para luego enviarlo a la embajada argentina en Montevideo, para que sea girado a las autoridades locales.
La causa radicada en Buenos Aires, que lleva el número 3.227/2002 y está caratulada como “N.N sobre delito de acción pública” se comenzó a instruir luego que el pleno de los camaristas federales decidieran la apertura de la causa, aunque se refería a crímenes que podrían quedar amnistiados por las todavía vigentes leyes de Punto Final y Obediencia Debida.