La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la causa que dio origen a la Ley Micaela revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por defectos en materia de abordaje de violencia de género y su perspectiva.
El 1 de abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, desapareció la joven Micaela García, de 21 años. Una semana después su cuerpo fue encontrado sin vida y con signos externos de haber sufrido una muerte violenta y un ataque sexual. Por este hecho fueron llevados a juicio oral Sebastián José Luis Wagner, Néstor Roberto Pavón y Gabriel Ignacio Otero.
“La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’”, y a pesar de ello, “fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre”, destacó el dictamen.
El fiscal solicitó prisión perpetua para Wagner y Pavón por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio. Además, pidió la absolución de Otero por aplicación del beneficio de la duda. La querella formuló ese mismo pedido. Ambos fueron condenados pero la sentencia fue apelada por la parte acusadora por entender que no se tuvo en cuenta la perspectiva de género.
El 31 de julio de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar al planteo de Pavón. El tribunal local declaró mal admitidos por la Cámara de Casación los recursos de las partes acusadoras, anuló la sentencia que había ordenado realizar un nuevo juicio oral contra Pavón y le reenvió el caso para que abordara el recurso interpuesto por su defensa. En tanto, el superior tribunal rechazó el planteo de Wagner.
El 31 de julio de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar al planteo de uno de los condenados al declarar mal admitidos por la Cámara de Casación los recursos de las partes acusadoras, anuló la sentencia que había ordenado realizar un nuevo juicio oral contra Pavón y le reenvió el caso para que abordara el recurso interpuesto por su defensa.
Contra esa decisión, la querella y la fiscalía presentaron sendos recursos extraordinarios, que fueron rechazados por el superior tribunal local.
Tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a los planteos de la querella y la fiscalía, y dejó sin efecto la sentencia del tribunal entrerriano.
Los supremos se remitieron a los fundamentos del dictamen de la Procuración que entendió debidamente acreditados los supuestos de procedencia de los recursos extraordinarios federales de la fiscal y de la querellante en torno a evidenciar la existencia de una cuestión federal suficiente para la apertura de la vía extraordinaria.
En el caso, dijo la Procuración, los recurrentes demostraron que la vía utilizada fue restringida infundadamente en transgresión a la garantía del debido proceso. Por otro lado, aunque se trate de temas de hecho y prueba, ajenos a la vía del recurso extraordinario, fueron resueltos arbitrariamente.
“Esa deficiente fundamentación, que bastaría para desestimar lo resuelto, adquiere mayor entidad al haberse omitido considerar el sub judice a la luz de la ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, que establece que la víctima de la violencia de género tiene derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados y que las pruebas deben evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica y se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes”, señaló la Corte.
Por lo demás, los recursos de los acusadores se habían rechazado indebidamente, en una deficiente aplicación del digesto local y omitiendo los agravios de índole federal llevados a su conocimiento, agregó el dictamen.
La Procuración también se expidió sobre la arbitrariedad del tramo de la decisión impugnada en cuanto había concluido que la participación de Pavón en el homicidio no estaba probada. Así, sostuvo que el Superior Tribunal entrerriano no había fundamentado esa conclusión ni había refutado los argumentos del tribunal de casación que habían afirmado lo contrario.
“La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’”, y a pesar de ello, “fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre”, destacó el dictamen.
Por eso, concluyó que “la decisión recurrida no es un acto judicial válido en tanto convalida una sentencia que valora arbitrariamente la prueba y desconoce el derecho al recurso que la ley reconoce a la parte, máxime tratándose de una víctima de violencia de género respecto de la cual el Estado ha asumido una obligación reforzada que exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.