En este sentido, el tratamiento de estos temas se paralizaría aún más, ya que actualmente se encuentra en pleno tratamiento la suspensión de Eduardo Moliné O´Connor, quien enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados.
Al respecto, Fayt insistió en que ante esta posibilidad la Corte estaría "nuevamente en el aire", ya que la “regla de cinco" solo regirá para los "asuntos comunes”.
Comunicado
Posteriormente y luego del acuerdo, mediante un comunicado de prensa, la Corte Suprema de Justicia Nacional informó que durante la reunión de hoy “se abordó la cuestión que concierne a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”
. En este sentido, se detalló que “la Corte no es ajena a las opiniones publicadas en los medios masivos de comunicación ni tampoco a las manifestaciones de los otros Poderes Políticos del Estado que atribuyen el tratamiento de estas leyes una trascendencia significativa”.
“Por lo tanto hace conocer que respecto al tema que nos ocupa continuará abocada a la consideración del caso, trabajando para ello en los tiempos que la misma Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pronunciarse fundadamente y sin ningún tipo de presión en temas trascendentes para la vida política nacional”, concluyó el escrito.
En este sentido, si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de estas leyes, los juicios podrían reabrirse ante los tribunales nacionales y los ex represores reclamados por la justicia de otros países no serían extraditados.
Esto paralizaría la gestión realizada por el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, quien solicitó el arresto preventivo de 46 ex represores argentinos para ser extraditados a España, con el fin de ser juzgados en ese país por delitos cometidos durante la última dictadura.