Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional española Pedro Rubira negó que su Gobierno esté autorizado para la extradición de los 26 militares solicitados -de la lista original de 45 militares y un civil reclamados por el juez Baltasar Garzón- para juzgarlos en España por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Alegó que esta instancia judicial carece de competencia para entender en los hechos.
Así lo sostiene el magistrado del Ministerio Público español en un dictamen de 17 páginas donde analiza que actualmente "existen datos en el sentido de que el cambio político y judicial está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las ‘Leyes contra la inmunidad’".
La voluntad del Estado argentino, llevó a Rubira a sostener que “no cree necesaria” la intervención de la jurisdicción española basada “en virtud del principio de jurisdicción universal”.
Esta presunta imposibilidad de solicitar la extradición fue fundamentada en que los hechos investigados no constituirían delito de genocidio, puesto que "los destinatarios de aquella inaceptable actuación, encaminada a la eliminación de cualquier forma de disidencia pertenecían a todos los estratos sociales, de muy variada ideología, abarcaban a distintas etnias y profesaban diversas creencias religiosas".
El fiscal español agregó que la "destrucción cívica" realizada por los acusados “puede considerarse crimen de lesa humanidad pero no genocidio.
Durante estos días la acusación y el fiscal volverán a presentar un segundo bloque de informes, cuando se reciba la comunicación oficial de las autoridades argentinas confirmando la detención de los restantes reclamados.
Previniendo intimidaciones
Por otra parte, el juez federal Jorge Urso dispuso una custodia en el domicilio del secretario Miguel Ambrosio a causa de las amenazas telefónicas que habría recibido por su intervención en la detención de los 46 ex represores solicitados por el juez Garzón, según relevaron fuentes judiciales.
En la última amenaza le habrían dicho a Ambrosio que era "un cipayo de los montoneros”, en tanto que en el expediente del magistrado, con la intervención de la secretaria Adriana Scoccia, se dispuso la custodia y la instalación de un identificador de llamadas en el teléfono directo de la secretaría del secretario amenazado.