El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires dio el puntapié inicial para la implementación del nuevo fuero del Trabajo, con la preparación del llamado a concurso para cubrir las vacantes.
Así lo resolvió la presidenta del órgano, Karina Leguizamón, quien dio inicio al proceso para llamar a concurso mediante la intervención de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público.
Se trata de un total de 21 los cargos: 10 jueces de Primera Instancia del Trabajo; 6 jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; 1 fiscal de Cámara ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo; 2 fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo; 1 asesor de Cámara ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo; y 1 asesor tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo.
La medida busca la puesta en funcionamiento del fuero del Trabajo, que contará con una “Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis jueces y juezas y dividida en dos salas, de tres jueces y juezas cada una”. A esto se le sumarán otros 10 Juzgados de Primera Instancia del Trabajo.
Como contó Diario Judicial, la creación del fuero del Trabajo en la Ciudad ya fue blanco de impugnaciones judiciales, argumentando que “la norma impugnada genera una duplicación innecesaria e injustificada de competencias, afecta la seguridad jurídica, atenta contra la tutela judicial efectiva, y transgrede el sistema federal argentino, así como los tratados de derechos humanos”.
Este nuevo fuero contará, asimismo, con un flamante Código Procesal para la Justicia del Trabajo. “Así, la reducción del tiempo y del costo del litigio laboral se logra a partir de conjugar un sistema procesal dotado de institutos y principios acordes a la naturaleza de las cuestiones debatidas -tales como celeridad, informalidad y gratuidad-, pero adaptando la forma en que se desarrolla los vínculos laborales en estos tiempos (…)”, indica el proyecto aprobado por la Legislatura porteña.
Como contó Diario Judicial, la creación del fuero del Trabajo en la Ciudad ya fue blanco de impugnaciones judiciales, argumentando que “la norma impugnada genera una duplicación innecesaria e injustificada de competencias, afecta la seguridad jurídica, atenta contra la tutela judicial efectiva, y transgrede el sistema federal argentino, así como los tratados de derechos humanos”.