Organizaciones civiles pidieron la urgente designación del Defensor del Pueblo. Reclaman la ejecución de la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que exhortó al Congreso a iniciar el proceso de designación en 2016.
Pasaron más de 11 años y la Defensoría del Pueblo sigue acéfala, a pesar de que la justicia exhortó al Congreso Nacional a iniciar el proceso de designación. En este escenario, un grupo de organizaciones de la sociedad civil reclamaron la designación urgente de una autoridad implementando para ello un procedimiento participativo, transparente y abierto al conjunto de la ciudadanía.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Directorio Legislativo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Sur Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano solicitaron en sede judicial y ante las autoridades del Congreso de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros que se inicie el procedimiento para designar al Ombudsman.
Las organizaciones resaltaron que la regulación de un proceso participativo para el nombramiento de la autoridad de la Defensoría del Pueblo por parte de la Comisión Bicameral Permanente “resulta fundamental para asegurar la idoneidad y fortalecer la legitimidad pública de la persona que resulte designada. Nombrar a la autoridad a espaldas de la sociedad implica violar derechos humanos garantizados en la Constitución Nacional y compromisos internacionales a los que suscribió el Estado Argentino”.
Destacaron, asimismo, que la pandemia provocada por el Covid-19 “ha derivado en una afectación directa de los derechos de numerosas porciones de nuestra población” y que “se vuelve prioritario contar en este contexto con la institución en pleno funcionamiento”.
“La importancia del rol que debe ejercer la Defensoría del Pueblo exige que su elección sea el resultado de un procedimiento que asegure la idoneidad e independencia de la persona que ocupe el cargo, así como la transparencia y la participación ciudadana”, advirtieron y añadieron: “La legitimidad de la persona que resulte elegida para cumplir un papel tan importante en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía dependerá en buena medida de la calidad del proceso que lleve adelante la Comisión Bicameral”.
Destacaron, asimismo, que la pandemia provocada por el Covid-19 “ha derivado en una afectación directa de los derechos de numerosas porciones de nuestra población” y que “se vuelve prioritario contar en este contexto con la institución en pleno funcionamiento”.
En 2016, la Cámara en lo contencioso Administrativo Federal exhortó al Poder Legislativo a que de una vez por todas inicie el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, en el marco de la causa “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986". En la misma línea y durante el debate por el aumento de las tarifas, la Corte Suprema también remarcó la necesidad de ocupar la vacante.