"A nadie le conviene el descrédito en la Justicia, y menos a los abogados"

Ricardo Gil Lavedra asumió como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) por el periodo 2022-2024 tras ganar las últimas elecciones. Diario Judicial dialogó con el ex camarista, que juzgó a las Juntas Militares, sobre los honorarios profesionales, los cambios tecnológicos, la reforma del Consejo de la Magistratura y la propuesta para ampliar la Corte Suprema de Justicia.

Diario Judicial: Uno de los temas que más preocupa a los matriculados son los honorarios, ¿Qué propuestas impulsarán desde el CPACF?

Ricardo Gil Lavedra: La mayor dificultad proviene de las regulaciones de honorarios que no tienen en cuenta las pautas arancelarias de ley, es decir, jueces que prescinden del texto legal y fijan arbitrariamente el monto. Los abogados y abogadas también sufren serios prejuicios por la dilación de los procesos y los tiempos que demoran en quedar firme las regulaciones. Está la posibilidad de que el Colegio pueda acompañar a los profesionales en los reclamos. También estamos analizando que el Colegio pueda hacer presentaciones por sí. No es una cuestión menor porque el abogado vive de la retribución por su trabajo y vamos a defenderlo enfáticamente como lo hemos dicho en nuestra campaña. 

DJ: ¿Se debe modificar la normativa?
RGL: La ley establece determinados porcentajes, lo que queremos es que se respete. Queremos que se cumpla la voluntad del pueblo materializada a través de sus representantes.

" Existe mucha discriminación a la mujer en el ejercicio de la profesión, que se evidencia no solamente en desconsideraciones y malos tratos de parte de los tribunales, sino de los colegas".

DJ: También está la cuestión de los jóvenes profesionales y su inserción laboral...
RGL: Hay varias propuestas. En primer lugar estamos estudiando la posibilidad de aliviar los costos económicos al nóvel. Para el segundo semestre también impulsaremos la organización de cursos de capacitación en materia de habilidades y capacidades. El ejercicio de la profesión no requiere solamente conocimientos técnicos, sino también otras destrezas, como enseñarles a negociar, argumentar o criterios básicos en materia de liquidación. No podemos crear trabajo, pero podemos crear bolsas de trabajo y concentrar los requerimientos laborales.

DJ: En materia de género, ¿Qué iniciativas piensan llevar adelante?
RGL: Vamos a poner en funcionamiento la Comisión de Políticas de Género que ya tiene el Colegio. Existe mucha discriminación a la mujer en el ejercicio de la profesión, que se evidencia no solamente en desconsideraciones y malos tratos de parte de los tribunales, sino de los colegas. Además, vamos a buscar un canal para recibir denuncias, acompañarlas y defenderlas.

DJ: Cuando asumió prometió una atención personalizada de los profesionales...
RGL: Lo voy a proponer en la próxima reunión del Consejo Directivo. La idea es implementar una atención personalizada y poder escuchar a los matriculados.

DJ:En materia tecnológica, ¿Cuáles son los cambios que se deben implementar desde la institución?
RGL: Uno es la certificación de la firma digital por parte del Colegio, lo que ayudaría mucho a los abogados y abogadas en múltiples trámites y diligencias. También vamos a encarar una mayor modernización y digitalización del Colegio. Vamos a impulsar una línea de crédito para que los abogados y abogadas puedan renovar o adquirir lo que hoy en día es un instrumento de trabajo, esto es, el teléfono y la computadora portátil.

DJ: También se refirió a la crisis de credibilidad que enfrenta la Justicia, ¿Cuál es el contexto actual? ¿Qué rol juega la abogacía?
RGL: Esa crisis va menoscabando la confianza en el desempeño del Poder Judicial. Por un lado, esto tiene que ver con la creencia de que los jueces no son independientes, sino que responden a otro interés y, por otro lado, la falta de confianza en la eficacia de la Justicia. El primero es el más complejo porque yo creo que la política contribuye decisivamente, cuando todos los días está criticando las decisiones de los jueces. Esto es más complicado, digo más complicado porque es la propia autoridad política la que en el lugar de robustecer la independencia de los jueces, la va socavando de manera permanente. La abogacía puede contribuir con un discurso en favor de respetar las decisiones judiciales. Hay una presunción de que el juez es independiente, salvo que se demuestre lo contrario. Simultáneamente tratar de trabajar para restablecer la credibilidad en la eficacia de la justicia. A la vez, uno tiene que vigilar el desempeño de las jueces y sancionar a los no se comporten adecuadamente o incurran en mal desempeño. Esto parece contradictorio pero es complementario, es decir, respetar la independencia pero a la vez vigilar su desempeño. A nadie le conviene el descrédito en la Justicia, y menos a los abogados.

"Desde el Colegio queremos que el Consejo de la Magistratura funcione y funcione bien".

DJ: El Gobierno anunció que se encuentra trabajando en un proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, ¿Que opina al respecto?
RGL: Se pueden discutir reformas que mejoren el funcionamiento de la Corte y es posible que se llegue a la conclusión que hay que mejorarlo, pero cualquier reforma tiene que estar precedida de un acuerdo muy amplio. Parece poco serio porque un Gobierno que no puede designar al Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo ni a la quinta vacante de la Corte ahora pretende nombrar 25. Actuar de esta manera me parece irresponsable porque contribuye a seguir desprestigiando a la Justicia y malversa la posibilidad de encarar reformas serias.

DJ:Días atrás expuso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿Cuál es su opinión?
RGL: Es la cuarta vez que se discute una reforma del Consejo de la Magistratura y yo participé en varias. La primera ley fue votada por casi una unanimidad y esto fue gracias a encarar un proceso abierto de buscar una ley genuinamente consensuada. Es un tema complejo de discutir, ya que es una institución muy compleja. A esto se suma la pretensión permanente de una facción de tratar de obtener mayorías. Yo creo que no es bueno que estemos funcionando con una ley cuya vigencia fue restablecida por un fallo de la Corte. Me parece que lo que corresponde es que el Congreso sancione una ley y hoy tiene la oportunidad. Esto depende también de la posibilidad de ponerse genuinamente de acuerdo, para que podamos tener una una ley que permanezca en el tiempo. Desde el Colegio queremos que el Consejo de la Magistratura funcione y funcione bien. Exhortamos a los legisladores a que lleguen a un acuerdo generalizado.