El Consejo de la Magistratura devolvió a comisión una denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue a médicos y funcionarios que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual. Además, declaró abstracta otra investigación por el caso “Olga Díaz”.
El plenario del Consejo de la Magistratura se reunió para tratar docenas de denuncias contra jueces nacionales y federales, entre las que se destacaba una contra Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue a médicos y funcionarios de la defensa pública que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual.
Vale recordar que ambos como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, condenaron a un hombre por el homicidio y abuso. Al fundamentar su voto, el juez Anzoátegui consideró que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal” en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo.
Anzoátegui se refirió al aborto legal como un “asesinato” y calificó a los profesionales que intervinieron como “sicarios”, también llamó "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Rizzi adhirió íntegramente al voto de su colega.
A casi tres años de la presentación, el cuerpo devolvió el expediente a la Comisión de Disciplina. Ahora, los jueces podrán ser sancionados con una advertencia, un apercibimiento o una multa de hasta el 30% de sus haberes, pero no enfrentar un juicio político.
En la reunión también se declaró abstracta un pedido de sanción -equivalente al 30% de sus haberes- contra la exjueza civil Celia Elsa Giordanino, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes en el conocido caso "Díaz, Olga del Rosario c/ Palavecino, Luis Rolando s/ denuncia por violencia familiar”. La denuncia tramitaba en el Consejo desde 2019.
Según el dictamen –que ahora fue archivado, la magistrada Giordanino no observó las normas procesales vigentes y de la normativa internacional en materia de violencia de género. Sin embargo, la jueza renunció a su cargo en noviembre pasado.
El 24 de marzo de 2017 sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión. Previo a ello, Díaz había realizado una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de lo cual se inició un proceso judicial civil y otro penal, en el que no se adoptaron medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho, lo que movilizó a la peticionaria a denunciar al Estado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
Ante el reclamo, el Estado argentino inició un proceso de diálogo que culminó en un Acuerdo de solución amistosa. Según el dictamen –que ahora fue archivado, la magistrada Giordanino no observó las normas procesales vigentes y de la normativa internacional en materia de violencia de género. Sin embargo, la jueza renunció a su cargo en noviembre pasado.
“Estamos frente a un caso que muestra en toda su dimensión lo que tenemos que corregir entre todos. Este tipo de episodios se repiten y el Poder Judicial no protege a una clara víctima”, apuntó el diputado (FdT) Rodolfo Tailhade.
Las primeras ternas del año
En la sesión también se aprobó 16 ternas correspondientes a los concursos 420 y 435, las cuales serán remitidas al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de seleccionar a una de esas tres personas y enviar su postulación al Senado, quien finalmente acuerda la designación por mayoría agravada.
Las mismas representan el 20% de las que estaban en plenario. Además, los consejeros se comprometieron a avanzar con el concurso para San Martín y Tucumán en la próxima reunión
Se trata del concurso 420 destinado a cubrir 8 cargos en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil 19, 22, 44, 60, 66, 69 80 y 110 de la Capital Federal, como también las destinadas a cubrir 8 cargos en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil 3,5,27,64,72,94,95 y 109 de la Capital Federal.
Las mismas representan el 20% de las que estaban en plenario. Además, los consejeros se comprometieron a avanzar con el concurso para San Martín y Tucumán en la próxima reunión. Por otra parte, los concursos 452, 425, 445, 421 y 431 fueron postergados.