Acceso a la justicia garantizado

El Poder Judicial de Tucumán publicó un informe que muestra que, durante el 2024, consolidó su labor con acciones para el acceso a la justicia y la protección de derechos.

La Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) detalló que se llevaron a cabo capacitaciones en derechos humanos destinadas a empleados y funcionarios judiciales, alcanzando a 817 personas.

Entre las temáticas abordadas se incluyeron discapacidad, género, discriminación, racismo y lenguaje claro. Además, en la Capacitación Anual de Justicia de Paz, se dictaron módulos sobre acceso a la justicia, beneficiando a aproximadamente 200 personas.

En el ámbito de la articulación interinstitucional, se avanzó en la construcción de una base de datos sobre adopciones en la provincia, registrando 553 expedientes físicos. 

Como parte de su trabajo en la promoción de derechos, se publicó la "Guía de recomendaciones y buenas prácticas para el acceso a la Justicia de las personas con autismo", en colaboración con la Fundación ANIA.

También se elaboraron gacetillas informativas sobre estándares internacionales en igualdad y discriminación racial, así como un análisis de las condenas de Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante 2023. Estas publicaciones fueron certificadas bajo la norma ISO 9001:2015 y cuentan con ISSN.

En el ámbito de la articulación interinstitucional, se avanzó en la construcción de una base de datos sobre adopciones en la provincia, registrando 553 expedientes físicos. 

Asimismo, se firmó un convenio de cooperación con la Fundación ANIA para garantizar la accesibilidad de las personas con autismo en los procesos judiciales y se puso en marcha un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo sobre el derecho a conocer los orígenes biológicos.

En conjunto con la Oficina de la Mujer, presentó un documento con recomendaciones para el traslado de mujeres privadas de libertad y un dossier con lineamientos para el traslado de personas en contexto de encierro ante la inauguración del nuevo Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

También se brindó asesoramiento en diversas causas judiciales y se respondieron solicitudes de información vinculadas a derechos humanos, desaparición de personas y protección de comunidades indígenas. En articulación con otras dependencias, se trabajó en internaciones por motivos de salud mental y en la aplicación del Protocolo de Violencia.