El Colegio de Abogados de Tucumán manifestó su posición, por medio de una nota que le hizo llegar a Miranda en donde se afirmó que se “vulneró el trámite previsto en el decreto-acuerdo de convocatoria del Consejo” y que de ese modo el PE se apartó de sus “atribuciones”.
En el documento, los letrados dejaron en claro que la decisión del Gobierno tucumano de pasar por sobre las disposiciones del CAM marca en forma clara que no se ha respetado lo dispuesto por el decreto 82/14, el cual marca cuál es el mecanismo que funciona en la provincia para cubrir las vacantes en el Poder Judicial.
De ese modo, los letrados se pronunciaron a favor del CAM en el marco del conflicto que se dio entre el órgano y el gobierno de Miranda, en razón de que desde el poder político se decidió proponer para las fiscalías penales a Adriana Reinoso Cuello (secretaria de la Sala II de la Cámara Penal) y al jujeño Oscar Tomás del Campo, cuando en verdad integraban la terna que el órgano había elaborado para la Defensoría Oficial V.
Además, la entidad que nuclea a los abogados envió una nota a la legislatura en donde advirtió que “el Poder Ejecutivo, desnaturalizando sus atribuciones, ha efectuado una impropia utilización de la terna propuesta para la cobertura del cargo de Defensor Oficial en lo Penal de la V Nominación, solicitando acuerdo para los otros dos nominados en cargos distintos a los de la convocatoria”.
Además, el Colegio resaltó que “si bien la propuesta del CAM no es vinculante y puede por tanto el Poder Ejecutivo apartarse de ella, no es menos cierto que el decreto-acuerdo “es de observancia inexcusable para el PE por lo que una vez producida la vacante entra en funcionamiento ipso iure el mecanismo previsto, que no puede ser discrecionalmente alterado.
La nota de los letrados se suma a un pronunciamiento que días atrás hizo público la Asociación de Magistrados de Tucumán, en donde se avaló el rol del CAM y se cuestionó duramente la decisión del PE de proponer a esos nombres para las vacantes en el Ministerio Público.