27 de Diciembre de 2024
Edición 7120 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 30/12/2024

DESTINO.

 
Pronósticos de todo tipo se ciernen sobre el poderoso epicentro jurídico- político de Comodoro Py 2002. Es que alli habitan los doce juzgados federales de la Capital Federal, donde se radican y tramitan las causas que afectan procesal y mediáticamente a funcionarios, ministros y presidentes, sobre todo sin son ex. Es que con la anunciada “Reforma Arslanián”, fruto de la comisión que preside el homónimo jurista, estos jueces pasarían, en masa, a ser jueces de instrucción del fuero penal “ordinario”. Así el fuero federal perdería su carácter de excepción y su competencia estaría diseminada en los más de sesenta juzgados penales porteños que juzgarían cuestiones de derecho local y materia federal al mismo tiempo y todos tendrían, para entonces, el status eufemístico de “jueces federales”. Muchos recordaban por estas horas las históricas reyertas que Arslanián entabló a través del tiempo con distintos “federicos”, que sumadas a la cruzada belicista de “limpieza étnica” de la justicia apuntalada por el fiscal Quantín, dan la impresión de que se trata mas de un “ajuste de cuentas” que de un plan para eficientizar el sistema judicial. “Primero pasaron a los fiscales las causas por secuestros extorsivos y ahora nos quieren mandar a investigar ladrones de pasacasettes, sólo resta esperar la próxima movida”, fue la reflexión de un experimentado magistrado, que por otra parte, sólo hizo un gesto cuando se le preguntó si las sacudidas que afectan a Patti y María Julia están dirigidas a mostrar que sólo los federales saben mover sus piezas en los momentos clave. Por de pronto y como abriendo el paraguas, el federal del momento, Rodolfo Canicoba Corral, adelantó opinión: “esto es un disparate”.

TRASPASO. Si hay algo que siempre irritó a los jueces porteños, sin distinción de fueros, fue la posibilidad de que sean transferidos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Resistiendo a capa y espada su condición de “jueces nacionales”, a través de la Asociación de Magistrados rechazaron en forma permanente y en duros términos los intentos de distintos gobiernos que negociaban su traspaso. Ahora, las cosas parecen ser distintas. En plena euforia K., el Boletín Oficial publicó la firma de un nuevo acuerdo entre la Nación y la Ciudad, que bajo el autodefinido nombre de Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone la transferencia judicial en el tratamiento de las figuras de tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil. Eso ya preocupó a algunos magistrados, pero lo que molestó a muchos es que de ese convenio “simil ley” surge que “el mismo procedimiento establecido para la justicia correccional se seguirá en los restantes acuerdos de traspaso de los servicios judiciales, con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los demás fueros ordinarios, así como su competencia y sus partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y del artículo 6° de la llamada Ley Cafiero”. Lo que queda claro, es que ahora la Ciudad y la Nación podrán traspasar otras competencias a través de nuevos convenios, sin la necesidad de debate prlamentario y, por supuesto, sin que los jueces puedan ejercer el lobby que hasta ahora le había dado buen resultado. Que pase el que sigue.

ANUNCIADO. como pocas, viene el procesamiento de María Julia Alsogaray. Durante toda la semana circuló el rumor de que el juez Rodolfo Canicoba Corral -con renovada presencia mediática desde que le cayó en manos los pedidos de extradición del juez Baltazar Garzón- estaba a punto de fallar en la más complicada de todas las causa que enfrenta en Comodoro Py 2002 la polifuncionaria de Carlos Menem. Cerca del juez, ya nadie niega el procesamiento cantado, lo único que está en discusión es si irá o no prisión, lo que no es poco. Nadie ignora que la foto de María Julia Alsogaray saliendo detenida de los Tribunales Federales rumbo, por ejemplo, a la División Delitos Complejos de la Policía Federal no sería mal vista por el gobierno nacional, así como muchos cantaron victoria desde la Casa Rosada cuando el 7 de junio de 2001 era Menem el que se iba detenido. El juez se tomará todo el fin de semana para darle las últimas puntadas a la resolución que, según se dice en el tercer piso de los Tribunales ya está casi lista. Los memoriosos recuerdan que no será este el primer fin de semana que Canicoba dedica a meditar un fallo complejo, ya lo hizo –por ejemplo- cuando dispuso el procesamiento del ex dictador Videla en la causa por el Plan Cóndor, la misma que lo hizo conocido allende la cordillera, cuando pidió la extradición de Augusto Pinochet, hoy por hoy, uno de los pocos hombres fuertes de las dictaduras de los setenta con categoría de “intocable”. La cuestión es que cuando Canicoba le ponga el gancho a la resolución en la que procesará a María Julia desatará de una u otra forma varias tempestades. Si la mete en prisión, se hablará de “persecución política”, si no lo hace, otros vociferarán sobre impunidades y privilegios. Parece que el juez lo sabe mejor que nadie, porque en los 22 meses que pasaron desde la indagatoria de la ex funcionaria en la causa –dicen algunos cercanos- recibió más de un llamado de “interesados” por conocer la situación de la otrora poderosa secretaria. Los mismos conocedores del paño aseguraron que todas las cartas están sobre la mesa, y que con la prueba acumulada en la causa hay suficientes elementos para procesar a María Julia por “peculado”, aunque este delito también es excarcelable. El problema para la ex funcionaria famosa por sus fotos con aire de diva y por no limpiar el Riachuelo es que el juez también podría imputarle el delito de “asociación ilícita”, aunque cerca del despacho del juez hay quienes recuerdan que desde aquella decisión de la Corte Suprema de “voltear” este delito en la causa Armas, los jueces federales se han mostrado menos afectos a usar el artículo 210 del Código Penal en causas urticantes. Aunque ahora, hay que recordarlo, también corren otros vientos en la Corte Suprema… ¿Del uno al diez, cuales son las chances de que María Julia vaya presa? preguntó un cronista de este diario a gente ocupada en el asunto? “Siete”, fue la respuesta. Cronistas de radio y televisión, prepararse: una larga guardia en Comodoro Py 2002 los espera la semana que viene.

SATISFECHO. Reiniciadas las actividades luego de la finalización de la feria judicial y tras los comentarios de rigor, se lo notaba complacido por los pasillos de los tribunales de Retiro, a Rodolfo Belisario Roldan, el abogado de Eurnekian. Es que en una causa en la que no solo le imputaban sino que incluso ya le habían decretado la prisión preventiva por evasión agravada, Roldán logró que la Cámara en lo Penal Económico le mantuviera la libertad de su preciado cliente mientras dure el proceso, pronóstico que casi nadie se animaba a suscribir dada la complicada situación en que había quedado luego de la decisión del juez Julio Cruciani y de la confirmación por la alzada de esa misma prisión preventiva. El abogado, ex camarista de ese fuero del que renunció tras admitir que el sueldo no le alcanzaba para vivir, es un hombre reconocido en el foro local, donde ademas de cuestiones de derecho destaca un profundo conocimiento y pasión por la cultura de la tradicion. Hombre de calzar bombachas –las gauchescas- y de llegar a caballo los días sábado a alguna pulpería de las que todavía quedan en las afueras de Buenos Aires para departir con los parroquianos del lugar temas alejados del mundanal ruido, don Rodolfo quizás en uno de esos días se vea tentado de contarle a algún contertulio, ginebrita de por medio, que no sólo consiguió que su cliente conservara su libertad, sino que incluso uno de los votos, extensamente fundado, estableciera que la maniobra denunciada por la AFIP podria ser elusión y no evasión. A pelearla en el Oral, paisano.



alejandro s. williams / dju
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