28 de March de 2025
Edición 7181
Próxima Actualización: 31/03/2025
En un contexto atravesado por la transformación digital del Derecho y el avance vertiginoso de tecnologías emergentes, el Colegio de Abogados de Rosario presentó una serie de recomendaciones para la implementación ética y responsable de la Inteligencia Artificial generativa IAGen, para la actuación de profesionales El documento busca ofrecer a los abogados una referencia clara frente a los desafíos que plantean estos nuevos entornos, atendiendo a las tensiones que ya se observan entre el uso de sistemas automatizados y los principios fundamentales de la ética profesional. Estas recomendaciones se presentan como un conjunto de directrices generales, o guías de conducta que encausen al ejercicio profesional en las buenas prácticas para la utilización de IAGen,
La elaboración del documento toma como referencia marcos internacionales ampliamente reconocidos, como los establecidos por Naciones Unidas, la OCDE, UNESCO y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. A partir de estos antecedentes, se proponen principios que deben observar todos los profesionales matriculados que incorporen tecnologías generativas, ya sean herramientas licenciadas o de código abierto. Entre los ejes que se destacan se encuentra la primacía de los derechos fundamentales, la transparencia en el uso de la tecnología, la necesidad de obtener el consentimiento informado de los clientes, la protección de datos personales y la revisión crítica de los contenidos generados por inteligencia artificial.
El principio de supervisión humana adecuada recorre todo el texto como una garantía de integridad técnica y ética.
Uno de los puntos centrales que se enfatiza en el documento presentado, es que el uso de IA no exonera al profesional de su responsabilidad: el abogado sigue siendo quien debe ejercer el control técnico del caso. En este sentido, se señala que toda integración de inteligencia artificial debe permitir una intervención humana suficiente, razonable y proporcional. Para ello, se exige que quien utilice estas herramientas tenga un conocimiento profundo del área de aplicación y esté en condiciones de validar los resultados antes de incorporarlos al proceso decisorio. El principio de supervisión humana adecuada recorre todo el texto como una garantía de integridad técnica y ética.
Las recomendaciones también abordan otros aspectos esenciales, como la formación continua y obligatoria en el uso de tecnologías emergentes, con enfoque interdisciplinario, de género y diversidad. Asimismo, se establece la prohibición expresa de usos inadecuados que puedan generar información falsa, discriminatoria, perjudicial o contraria a los derechos fundamentales. Se destaca, además, que el consentimiento del cliente debe ser recabado de manera previa y explícita, y que toda interacción con IA debe incluir un acuerdo de confidencialidad que asegure la protección de los datos involucrados.
Desde el Colegio se remarca que estas recomendaciones no constituyen una norma cerrada, sino una herramienta que será actualizada periódicamente. Para ello, su implementación quedará bajo la supervisión de los institutos especializados de la institución, con el fin de garantizar su adecuación constante frente a los avances tecnológicos y los desafíos que vayan emergiendo. También se contempla la obligación de reportar cualquier incidente ético, sesgo o resultado perjudicial que se detecte en el uso de estas tecnologías, a fin de construir una cultura de la prevención y la mejora continua.
La propuesta si bien es innovadora, se inscribe en una tendencia global que reconoce que la modernización del ejercicio profesional mediante la utilización de herramientas tecnológicas, no puede disociarse del compromiso ético. En tanto lejos de ser un fenómeno aislado, estas recomendaciones se suman a otros protocolos de incorporación de inteligencia artificial en la justicia. La Corte Suprema de Santa Fe, por ejemplo, ya anunció la implementación escalonada de herramientas generativas, mientras que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Procuración General de CABA y otros poderes judiciales provinciales avanzan en la misma línea.
A nivel internacional, también se reconocen antecedentes relevantes, como la “Formal Opinion 512” de la American Bar Association, publicada en julio de 2024, donde se subraya que la actualización tecnológica es un deber ético de los abogados, en tanto la comprensión de los riesgos y beneficios de estas herramientas ya forman parte de las exigencias profesionales. En ese marco, el documento presentado por el citado colegio de abogados representa un paso decidido hacia la integración razonable y contextualizada de la inteligencia artificial en el Derecho, con reglas claras y criterios que procuran proteger tanto a los clientes como a los propios profesionales.
Este posicionamiento institucional no surge en el vacío. Responde a una realidad concreta donde la inteligencia artificial generativa, está siendo utilizada en la práctica jurídica, muchas veces sin los criterios necesarios. En ese marco, resulta pertinente recordar que distintos organismos internacionales han comenzado a delinear estándares que sirvan como referencia para este tipo de recomendaciones. Naciones Unidas, la UNESCO y la OCDE han enfatizado, desde hace años, la necesidad de que cualquier aplicación de IA se oriente por la protección de la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la preservación del Estado de Derecho. A nivel europeo, el recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial, establece un sistema de clasificación de riesgos para los distintos tipos de tecnologías, proponiendo niveles de supervisión y requisitos éticos ajustados a cada categoría.
Las recomendaciones subrayan que no puede haber automatización sin información previa al cliente, ni integración de IA sin un compromiso explícito de resguardo de los datos sensibles.
El documento rosarino recoge también esta lógica de proporcionalidad. Parte de la premisa de que el control humano no puede ser meramente formal ni residual, sino que debe ser sustancial, informado y contextualizado. Es decir, no se trata solo de estar presente, sino de comprender profundamente la tarea que se delega parcialmente en el agente automatizado. Para eso, se exhorta a los profesionales a conocer los alcances reales de la herramienta utilizada, a comprender sus límites y sesgos, y a asumir que, en última instancia, la responsabilidad del contenido generado no se traslada a la tecnología. Toda acción basada en una recomendación automatizada sigue siendo, jurídicamente, una decisión humana.
Este criterio también se observa en las medidas propuestas respecto del consentimiento informado y la confidencialidad. Las recomendaciones subrayan que no puede haber automatización sin información previa al cliente, ni integración de IA sin un compromiso explícito de resguardo de los datos sensibles. La confianza, núcleo constitutivo de la relación abogado-cliente, debe mantenerse incluso cuando los procesos se tecnifican.
En línea con estas exigencias, se destaca que la capacitación no puede ser optativa ni puramente técnica. Se promueve una formación continua, teórico-práctica, con enfoque interdisciplinario, de género y diversidad. Esta perspectiva integral busca evitar que las decisiones profesionales se limiten a la eficacia funcional, y pone el acento en los impactos éticos, jurídicos y sociales del uso de inteligencia artificial. En otras palabras, no se trata de aprender a usar la herramienta, sino de comprender el contexto en que se usa.
Otro aspecto relevante abordado en las recomendaciones es la necesidad de establecer mecanismos formales para reportar incidentes. Cuando se detecten errores, sesgos o consecuencias imprevistas asociadas al uso de IA, los profesionales deberán informar a la institución para su tratamiento. Este punto tiende a consolidar una cultura preventiva, de mejora continua y aprendizaje colectivo. La supervisión institucional, en ese sentido, no se agota en sancionar, sino que busca acompañar, corregir y actualizar.
La experiencia rosarina se inscribe en ese proceso general, pero lo extiende al ámbito del ejercicio privado de la abogacía, donde hasta ahora no existían lineamientos de esta naturaleza. Finalmente, el texto incorpora una cláusula de revisión periódica, para asegurar su adecuación a los cambios tecnológicos y normativos que sin duda seguirán apareciendo.
En definitiva, se trata de asegurar que la modernización no se convierta en deshumanización, y que el ejercicio profesional continúe guiado por principios éticos sólidos, aun frente a escenarios en permanente transformación. En un momento en que la inteligencia artificial comienza a ser parte del trabajo cotidiano de muchos profesionales del Derecho, resulta imprescindible preguntarse en qué condiciones esas herramientas pueden convivir con los principios que fundan la práctica. Los colegios profesionales no solo pueden intervenir en este debate: tienen la responsabilidad de hacerlo. Poner la ética sobre la mesa no es una estrategia conservadora. Es, quizás, el gesto más moderno que puede hacerse frente a una tecnología que aún no ha dicho todo lo que es capaz de transformar.
