12 de March de 2025
Edición 7170
Próxima Actualización: 13/03/2025
El uso de inteligencia artificial en la práctica legal volvió a generar controversia en los tribunales de Estados Unidos. En Indiana, un abogado presentó un escrito judicial con citas jurisprudenciales falsas, lo que derivó en una sanción económica significativa.
El profesional argumentó desconocer que las herramientas de IA podían generar referencias inexistentes, pero el tribunal consideró que la falta de verificación constituía una falta grave a sus deberes profesionales.
El tribunal consideró que si bien era la sanción más grave que se haya impuesto por este tipo de conductas ocurridas también en el pasado, la ignorancia profesada sobre la posibilidad de que la IA incurra en alucinaciones en sus citas, evidenciaba que las sanciones anteriores resultaban insuficientes para desalentar la conducta, por lo cual se justificaba su incremento.
El caso se originó cuando el abogado fue consultado sobre la validez de las citas incluidas en su escrito y admitió que había utilizado un programa basado en inteligencia artificial para su investigación legal. Según explicó en la audiencia, desconocía que la IA podía generar jurisprudencia ficticia y, por ello, no verificó la información antes de presentarla ante el tribunal.
"Una cosa es usar IA para asistirse con la investigación inicial... pero es enteramente diferente, que dependa del resultado brindado por los programas de IA generativa sin verificar su validez o inclusive su existencia" concluyó el magistrado.
El tribunal determinó que el abogado había violado la normativa procesal federal y su deber profesional, tanto con su cliente como con el tribunal y la parte contraria. Pese a que el letrado alegó que no actuó de mala fe, el juez calificó su conducta como "realmente inexcusable".
En consecuencia, se recomendó una sanción de 15.000 dólares, equivalente a 5.000 dólares por cada caso mal citado, debido a la falta de verificación de las fuentes utilizadas. Además, se ordenó al profesional que entregara una copia de la resolución al CEO de la empresa que representaba, lo que debía certificarse en un plazo de siete días.
