En declaraciones que se extendieron por más de 3 horas en cada caso, los dos ex integrantes de la Conducción Nacional de Montoneros coincidieron en que la imputación en su contra es un “juicio político”, en el que se juzga a las víctimas en base a pruebas e informes elaborados por las Fuerzas Armadas que los reprimieron.
“Fuimos y somos aún hoy perseguidos políticos en esta causa concreta”, remarcó Perdía en su declaración indagatoria, donde no ahorró detalles y consideraciones políticas en una declaración que fue conducida en todo momento por el juez Claudio Bonadío. “Quiero comenzar reprochando la conducta del juzgado que procedió a mi detención con las características propias de un procedimiento en la época de la dictadura”, manifestó Perdía en su declaración.
Perdía reconoció su responsabilidad por haber dado las órdenes relacionadas con la contraofensiva que se iba a llevar a cabo en el país entre 1979 y 1980, y dio detalles sobre el número de militantes y la forma de organización de aquella iniciativa, pero negó las imputaciones, que son las mismas que rigen contra la decena de militares detenidos desde el año pasado.
“La Conducción Nacional efectivamente aprobó la vuelta al país de distintos grupos de compañeros, esos compañeros se cuentan por centenas, muchos perdieron la vida, otros están vivos y podremos probar de un modo rotundo que la vida o la muerte en la lucha es una circunstancia que nace del compromiso voluntariamente asumido y no de ninguna mente diabólica que maquina entregas o formas de perjuicio”, le dijo Perdía al juez.
El abogado de Perdía, Eduardo Soares, dijo en diálogo con periodistas acreditados en Tribunales que las pruebas en las que se basó Bonadío “son los informes de inteligencia del Batallón 601 (del Ejército), los informes de la División Inteligencia de la Policía Bonaerense, e informes desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Se sienta a las víctimas en el banquillo de los acusados usando el material y la información de los victimarios. No es esa la democracia por la que murieron 30 mil compañeros, creo que el poder judicial flaco favor le hace al futuro insistiendo en esta línea de acción”, dijo Perdía al respecto en su declaración.
Por la tarde declaró el otro detenido, Fernando Vaca Narvaja. Según confirmó luego su esposa, María Pfennig, se quejó por la forma en que fue detenido en la mañana de ayer. “Hace 13 años que vivimos en la misma casa de Floresta, a 40 metros de una comisaría, no hacía falta que lo detuvieran cruzándole automóviles, como si intentara escapar”, argumentó, y remarcó que “son métodos que nos hacen acordar a la dictadura”.
“La famosa teoría de los dos demonios está rondando por aquí”, remarcó la mujer, acompañada por familiares. “En este caso me parece mucho más perversa, en nuestra familia tenemos doce desaparecidos y torturados, que nos estén acusando de que nosotros entregamos a nuestros compañeros cuando a Fernando le mataron a la mujer, al padre, al hermano, me parece una aberración que no me entra en la cabeza”, indicó.
Firmenich no quiere ir preso
En tanto Bonadío debe resolver el pedido de eximición de prisión que presentaron los abogados de Firmenich, quien hasta hoy no se había entregado a Interpol, según explicaron fuentes policiales.
“Queremos ver cuál es la situación de Firmenich antes de definir los pasos a seguir”, dijo Gustavo Maradini Drago, el abogado del ex líder montonero. Cuando la policía española fue a buscar a Firmenich en su casa de Barcelona, España, no lo encontraron y según algunas versiones estaría fuera del país, aunque no del continente europeo.
Luego de declarar, Vaca Narvaja y Perdía fueron trasladados de los tribunales de Retiro a la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal donde se encuentran alojados junto a la ex funcionaria María Julia Alsogaray, también detenida esta semana por el delito de “peculado”.
Mientras declaraban Perdía y Vaca Narvaja, cerca de un centenar de seguidores se concentraron a las puertas del edificio de Comodoro Py 2002 para exigir la libertad de ambos.
Bonadío responsabilizó a los jefes montoneros por el secuestro, privación ilegal de la libertad y posterior desaparición forzada y homicidio de 15 militantes montoneros. Entre los militares imputados se encuentran el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, el ex jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Riveros y otros represores.