La medida se tomó desde el seno del gobierno tucumano con el fin de que la provincia se recupere de los constantes déficit financieros y las crisis presupuestarías que debió enfrentar en el último tiempo.
La DGR comenzó a tomar este tipo de medidas una vez que se agotaron las medidas administrativas tendientes al cobro de impuestos adeudados y de los 9.000 procesos que fueron abiertos, en su gran mayoría contra los grandes contribuyentes, unas 2.000 causas se iniciaron durante este año en los Juzgados de Cobro y Apremios.
Según, trascendió el monto que pretende recuperar la provincia ascendería a los 95 millones de pesos, pero al parecer sólo se podrían recuperar 28,5 millones de ese total, porque muchas de las empresas deudoras ya fueron liquidadas o disueltas.
En los últimos, días se vivió una situación similar en el Gran Buenos Aires a raíz de que cerca de 80.000 vecinos de distintos partidos fueron demandados por empresas contratistas de los municipios que reclaman el pago de las obras que realizaron, las cuales en algunos casos datan desde comienzos de la década del noventa. Un total de 22.503 vecinos ya fueron notificados por parte de la justicia del inicio de los procesos pero el mayor problema que trae aparejado este reclamo es que en algunos casos, la ejecución de la vivienda estará en marcha recién en septiembre cuando venza la ley provincial 12.720, dictada en 1999, que suspendía los juicios y que fuera prorrogada cuatro veces.
Desde la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores manifestaron que todo el problema se dio a consecuencia de la Ordenanza General 165 de la provincia de Buenos Aires, la cual permitía que con el aval del 70 por ciento del total de frentistas de una cuadra se podían realizar las obras en cuestión, a pesar de que el resto de los vecinos estuviera en contra.
Indicó la Asociación que muchos vecinos ignoraron en ese momento que las obras, que ahora deberán ser pagadas, podían realizarse sin su consentimiento.