El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso la “libertad inmediata” de los detenidos, luego de recibir la comunicación formal de la Cancillería con la decisión del Consejo de Ministros español de no impulsar las extradiciones de 39 militares y un civil reclamados por Garzón.
“Sin bien no se cumplió el plazo de cuarenta días para recibir los recaudos de la extradición, la decisión del Consejo de Ministros de España pone fin de hecho a este proceso de arresto preventivo” explicó el juez en una resolución de seis carillas a la que tuvo acceso Diariojudicial.com.
Fuentes judiciales explicaron que la libertades se realizarían “directamente desde los lugares detención” (en la mayoría de los casos en unidades militares) o de arresto domiciliario previa comprobación por parte de la Policía Federal que no haya órdenes de captura pendientes.
En diálogo con periodistas, Canicoba confirmó que varios detenidos no recuperarán la libertad, ya que están procesados con prisión preventiva en otras causas por violaciones a los derechos humanos. En ese grupo se cuentan, entre otros, el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, el ex almirante Eduardo Massera y el ex jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez.
Tampoco volverán a la calle otro marinos detenidos en causas de robos de bebés, como el ex capitán de Fragata Jorge “El Tigre” Acosta y otro integrante del “Grupo 3.3.2.” de la ESMA, Jorge Perrén.
Entre los que sí recuperarían su libertad en el comienzo de la noche se contaban el intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Domingo Bussi y el “Ángel Rubio” de la ESMA, Alfredo Astiz.
Durante toda la mañana, decenas de representantes de organismos de derechos humanos peregrinaron por varios despachos de los Tribunales Federales para evitar la liberación de los militares.
Primero, encabezados por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, visitaron al juez Canicoba Corral, a quien le pidieron que computara sólo las jornadas hábiles, para establecer los “cuarenta días” de plazo del juez Garzón para remitir la acusación contra los extraditables. De esta forma, buscaron aire para una nueva presentación de Garzón ante el Consejo de Ministros español.
“Le dijimos (al juez Canicoba) que ni él ni nadie puede garantizar que no se fuguen, de hecho hay tres que están prófugos y él todavía no los pudo detener. Si hoy los larga esta gente se va a profugar “, remarcó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Después, los dirigentes de los organismos de derechos humanos visitaron al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien les adelantó que había decidido denunciar a los cuarenta represores en los mismos términos que el juez Garzón. “Le pedí al juez que si la extradición quedaba sin efecto, se denunciara a los detenidos para que se inicie una causa aquí”, confirmó Marijuán a este diario.
El tour judicial de los organismos concluyó en el despacho de la juez María Servini de Cubría, quien desde hace poco más de una semana tramita una causa similar a la que ahora impulsa Marijuán, para que los represores sean juzgados en la Argentina.
Se trata, paradójicamente, de una denuncia de un abogado defensor de algunos militares requeridos por el juez Garzón, Guillermo Alberto Guevara Lynch, quien imputó a los 49 militares y al único civil por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, supresión de estado civil y de identidad, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas, genocidio, robo de menores, asociación ilícita y atentados contra el orden público”.
En esa presentación, que ahora podría convertirse en un verdadero talón de Aquiles para los represores, el letrado solicitó que la Justicia local no decline su competencia frente al pedido de Garzón porque los delitos que les imputa en su denuncia “fueron cometidos en el territorio nacional por lo que deberán ser juzgados por aplicación del mentado principio de territorialidad".
Con la decisión de hoy de Canicoba, se puso fin a una larga vigilia que comenzó el viernes y empezó a cerrarse hoy a las 12.30 hs, cuando “ingresó formalmente” al país la decisión del Consejo de Ministros de España.
Después, cerca de las 13:20, la comunicación fue cursada a Canicoba Corral, quien se tomó dos horas para estudiarla y disponer el cese de las detenciones preventivas.